Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
Con el pretexto de auspiciar la “libertad de expresión” el gobierno de Piñera permitió la realización de un homenaje al dictador Pinochet en el centro de Santiago que provocó destrucción y caos en una parte céntrica de la ciudad habitada por clase media trabajadora. La apología del terrorismo de Estado que imperó por 17 años (1973-1990) provocó la esperada reacción de los ciudadanos que consideraron irritante el homenaje organizado por militares en retiro y otro que está preso.
El gobierno de Piñera, que no honra “la libertad de expresión” cuando suele prohibir algunas marchas de estudiantes, autorizó el bochornoso homenaje y, en cierto modo, protegió a los asistentes, quienes niegan de manera enfermiza la existencia real de los peores crímenes contra los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en la historia de Chile. Al final del acto incluso la policía ayudó a los pinochetistas a subir sin pagar pasaje a los autobuses que los sacaron del lugar.
En su muestra de “pluralismo”, el gobierno autorizó la contra-manifestación a escasas dos cuadras del teatro Caupolicán, donde los pinochetistas estrenaron un documental anticomunista titulado “Pinochet”, dirigido por Ignacio Zegers, con entradas a 10 y 30 dólares. El cinematografista Miguel Littin denunció ante la Policía de Investigaciones (PDI) que los realizadores del filme usaron imágenes robadas de su película “Compañero Presidente”, de 1971, que refleja conversaciones entre Salvador Allende y el escritor francés Régis Debray.
Littin quiso impedir que exhibieran el documental con sus imágenes sustraídas “para tergiversar el pensamiento y la imagen del presidente Allende”, cuyos derechos le pertenecen. La PDI tomó nota, pero respondió que no podía actuar mientras no se concretara el delito, es decir, la exhibición pública del filme. En definitiva, la policía civil apoyó el homenaje por omisión, pues las imágenes de Littin se exhibieron profusamente en noticiarios de televisión abierta y por cable en los días previos.
Pocos se enteraron que también asistieron tres “delegados extranjeros”, de la internacional del fascismo contemporáneo: los españoles Miguel Méndez, nieto de Blas Piñar, ministro del dictador Francisco Franco (1939-1975), y Jaime Alonso, uno de los abogados querellantes contra el juez Baltasar Garzón -quien logró la detención de Pinochet en Londres en 1998-; y el cubano-estadounidense Yasser Torres, que se presenta como «presidente de la juventud cubana en el exilio». Otros anunciado no comparecieron: Carlos Jiménez, alcalde del condado Miami-Dade; Anitere Flores, presidente del senado Estatal de La Florida; Tomas Regalado, alcalde de Miami; Marco Rubio, senador federal; y Mario Díaz Balart, congresista federal.
El gobierno se preocupó de la protección y resguardo de los asistentes al homenaje a Pinochet con unos 500 carabineros, casi uno por asistente. Los gastos operacionales, de transporte, combustible, horas extras, gases, alimentación, bombas, bastones, balas de goma, etc., corrieron por quienes pagan sus impuestos. Otro grueso contingente policial fue destinado a reprimir la contra manifestación.
El Teatro Caupolicán no está en el sector de la ciudad donde viven los más ricos y se encuentran “las bases sociales” del pinochetismo. Tampoco se requería un adivino para prever que la provocación pinochetista y la contra manifestación terminarían en combates y desórdenes que duraron hasta la noche, con enormes perdidas y destrucción de bienes públicos y privados, más la zozobra de vecinos y comerciantes de esa parte de la ciudad que no pudieron descansar en domingo. El alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, ex pinochetista y de extrema derecha, del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), se mostró contrario a autorizar el homenaje, facultad que no es municipal sino del gobierno y se ejerce a través de la Intendencia de la Región Metropolitana.
Decadencia del pinochetismo
Horas antes del homenaje a Pinochet, el ministro vocero Andrés Chadwick, de la UDI, sorprendió al conseguirse la TV pública para declarar arrepentimiento por haber apoyado a Pinochet. Dijo: «en la perspectiva del tiempo, de la madurez política que uno va aprendiendo y de los conocimientos que uno va adquiriendo, hay una situación que sí me arrepiento, que es la violación brutal a los derechos humanos que se efectuó en el gobierno militar y de eso tengo un profundo arrepentimiento de haber sido parte de un gobierno, haber sido partidario de un gobierno donde esos hechos sucedían». Respecto al homenaje, Chadwick dijo «yo creo, en lo personal y mirando las situaciones del pasado, que debiéramos no continuar con homenajes, en relación a los actores del pasado. Eso nos genera divisiones, no creo que sea necesario un homenaje ni a Pinochet ni a situaciones del pasado».
El lunes Chadwick reiteró sus declaraciones de arrepentimiento y fue secundado por Jaime Lavín, también de la UDI y ministro de Desarrollo Social, que en su juventud fue un recalcitrante pinochetista pero declaró su alejamiento cuando fue candidato presidencial en 2000 y 2006. Todavía no se pronuncia el ministro UDI de Economía, Pablo Longueira, otro pinochetista distinguido, y el sub secretario de Economía, Julio Dittborn, ex vicepresidente de la UDI.
Las señales políticas de Chadwick y Lavín no comprometen a toda la UDI, ni al gobierno en su conjunto, pero dejan en orfandad a los sectores que organizaron el homenaje al dictador, cumpliendo una agenda que pretende facilitar la candidatura presidencial del ultra derechista alcalde de Providencia Cristián Labbé, también de la UDI y ex oficial de ejército adscrito a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).
El gesto parece indicar que el guión de la política de la derecha hoy lo escriben civiles que reconocen las violaciones de los derechos humanos de militares como los organizadores abiertos y encubiertos del homenaje, que siguen creyéndose “salvadores de la patria ante el peligro comunista”. Esta claro que los militares siempre actúan en política inducidos por los civiles cuando les falla el juego electoral.
Los miliares fueron convocados a dar el golpe de 1970 por la clase política civil de una derecha representada entonces por el Partido Nacional, fusión de liberales y conservadores, más el entusiasmo golpista del partido Demócrata Cristiano que en aquel tiempo presidía Patricio Aylwin Azócar, que fue presidente en 1990-1994 y acaba de proclamar en el diario español El País su respeto a Pinochet y su desprecio por Salvador Allende. Sin embargo, los dos partidos actuales de la derecha, la UDI, fundada en 1983, y Renovación Nacional (RN), desprendimiento UDI de 1987, nacieron prohijados por la dictadura.
Los uniformados negadores de que en Chile se violaron los derechos humanos hoy son lanzados al vertedero de la historia como basura política por aquellos mismos que en su momento los mandaron a hacer lo que hicieron. Tales gestos de arrepentimiento deben entenderse como mensajes dirigidos a recordar que hoy la batuta política de la derecha la empuñan civiles, no miembros de las fuerzas armadas, retirados o en servicio activo, presos o en libertad, por muy bien que hayan desempeñado el rol que les pidieron cumplir en 1973-1990.
“La traición de Piñera”
En el Teatro Caupolicán se escucharon imprecaciones muy groseras contra Piñera, Chadwick y otros “traidores”, que contrastaron con vivas a la CNI y gritos “Libertad para Corbalán”. Álvaro Corbalán Castilla, un ex oficial de ejército que fue jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) –que sustituyó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), disuelta en 1977–, fue señalado como uno de los mentores del homenaje a Pinochet, pese a que está preso en el penal VIP de Punta Peuco, construido especialmente para violadores de los derechos humanos a 35 kilómetros al norte de Santiago.
La semana pasada Corbalán fue condenado por el magistrado Alejandro Solís a 3 años de presidió por torturas en 1981 contra el actual diputado Sergio Aguiló, pena que debe sumarse a una cadena perpetua y a condenas por diferentes crímenes que suman 51 años. Funcionarios de Gendarmería denunciaron que Corbalán abandona frecuentemente el penal con el pretexto de atenderse en el Hospital Militar, mientras se supone que estaba atareado en preparar el homenaje a Pinochet.
El jueves fue allanada su celda. Se le encontraron artículos informáticos prohibidos y fue castigado con la suspensión de visitas por 20 días, más la suspensión de un acto programado para el sábado pasado a las 10 de la mañana en Punta Peuco, al que asistirían los militares en retiro que actúan como organizadores oficiales del homenaje al dictador y a cuyo término se emitiría una declaración pública llamando a concurrir al Caupolicán. Poderes fácticos ocultos permiten que Corbalán pase largas temporadas en el Hospital Militar sin que padezca ninguna enfermedad grave e incluso con acceso a las calles, como cualquier ciudadano libre.
El presidiario Corbalán tiene arrestos políticos y en 1988 fundó un mini-partido pinochetista de corte neo-nazi llamado Avanzada Nacional que tuvo existencia legal hasta 1990. En el acto del domingo recogieron 200 firmas para tramitar su legalización con la mirada puesta en los más de 400.000 votos que dice poseer la “familia militar”, que se siente traicionada y abandonada por Piñera, porque no cumplió su promesa electoral de «un juicio justo» para los militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
El pinochetismo es la expresión chilena del neo-nazismo/fascismo contemporáneo. Es la misma ideología totalitaria que inspiró la matanza perpetrada por Anders Behring Breivik, el asesino de 69 jóvenes y adolescentes en Noruega el año pasado y que sustenta el diputado griego Ilias Kasidiaris, que en estos días agredió a dos parlamentarias en un debate por TV. Estas ideologías debieran estar prohibidas constitucionalmente en los países civilizados, como lo ha hecho la democracia de Alemania, que prohíbe la ideología nazi y su expresión en organizaciones.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig, 1990) comprobó que el terrorismo de Estado de la dictadura de Pinochet (1973-1990) eliminó a 3.200 ciudadanos, incluidos 1.192 que aún figuran como “detenidos desaparecidos”, mientras la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) reconoció en 2011 un total de 40.018 víctimas de tortura o que sufrieron prisión por causas políticas.
Un informe del Laboratorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales señaló que al 31 de mayo de 2012 existían sólo 76 uniformados condenados por crímenes de la dictadura de Pinochet y 67 están en prisión. No están presos 6 que fueron beneficiados con condenas fuera de la prisión o libertad condicional, en tanto 3 restantes fallecieron. El condenado preso más prominente es el general de ejército retirado Manuel Contreras Sepúlveda, jefe y fundador de la DINA, responsable mayor de desapariciones y asesinatos de presos políticos, condenado a 239 años de prisión en fallos confirmados por la Corte Suprema. Los años aumentan a medida que terminan juicios aún en trámite.
El neo-nazismo militarizado se hizo del poder por la fuerza en 1973, en un momento de crisis para “los dueños de Chile” por las reformas sociales, económicas y políticas de Salvador Allende. Por lo demás, estas reformas no contaron con el apoyo real de la Unión Soviética, que negó la ayuda solicitada personalmente por Allende para contrarrestar la crisis de abastecimiento provocada por la misma derecha para desestabilizar al gobierno. Así que el “peligro” del “ingreso de Chile a la órbita soviética” y “la salvación del comunismo son afiebrada fantasías” diseñadas por la CIA y servicios de inteligencia para justificar el golpe militar ante gente muy incauta o reaccionarios de tomo y lomo como los que se reunieron el domingo.
En los últimos 80 años la derecha químicamente pura sólo ha ganado las elecciones presidenciales de 1932, 1958 y 2010. En 200 años, el país ha tenido 3 constituciones, la de 1833, 1925 y 1980, dictada [literalmente] por Pinochet, todavía vigente y legitimada por sucesivas reformas. Llegó la hora de eliminar el sistema binominal de elecciones que configura dos ganadores seguros por distrito y convocar democráticamente a una asamblea constituyente para diseñar la nueva Constitución que hoy necesita el Chile real de hoy. Los modelos políticos pinochetista y post-pinochetista están agotados tras 40 años de manoseo y mañoseo.
Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.
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