Ordena tribunal colegiado la suspensión de la obra de rehabilitación de la carretera de ingreso a la comunidad indígena Hñähñu de San Ildefonso en el Estado de Hidalgo

Difusión Cencos México D.F., 20 de julio de 2012

Boletín de prensa
Organización Hñähñu para la Defensa de los Pueblos Indígenas / ODI

El viernes 13 de Julio de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el Estado de Hidalgo en el marco de la protección del derecho a la consulta de la comunidad indígena Hñähñu de San Ildefonso en el Estado de Hidalgo, ordenó la suspensión provisional de la obra de rehabilitación de la carretera de acceso a dicha comunidad, lo cual sienta un precedente legal en el ámbito nacional en cuanto a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

• El Comité de Rehabilitación elegido por la Asamblea de la Comunidad solicitó la suspensión de la obra debido a que las autoridades del Estado y del Municipio de Tepeji del Río iniciaron la obra de rehabilitación de la carretera de acceso, sin tomar en consideración el proyecto original de la obra que las y los habitantes habían gestionado por varios meses con el Gobierno Estatal, mismo que fuera validado por el Congreso del Estado, y que incluso la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Estado ya se había comprometido a realizar.

El proyecto original que la Comunidad había acordado, tendría un costo de 9 millones 56 mil 487 pesos con 40 centavos, además el cuerpo de la carretera tendría 7 metros de ancho y una base de concreto hidráulico revestida con una capa de asfalto de 15 centímetros.

La autoridad, sin consultar a la Comunidad y de manera unilateral, modificó y puso en marcha un proyecto de menor costo y calidad, que contará solo con un presupuesto de 4 millones 999 mil pesos, 6 metros de ancho, sin base de concreto y la carpeta asfáltica será solo de 5 centímetros.

Ante el inicio de la obras en mayo de 2012, la Asamblea de la Comunidad (máxima autoridad tradicional), constituyó el Comité de Rehabilitación de la Carretera, quien se encargaría de negociar con las autoridades y de solicitar toda la información necesaria para respecto al proyecto. Las autoridades del Estado, hasta la fecha no han reconocido éste Comité.

Por tal motivo, y debido a las negativas de brindar información, el 27 de junio, los miembros de éste Comité, en conjunto con la Organización Hñähñu y la ODI, presentaron a nombre de la Comunidad una demanda de amparo por la violación del derecho a la consulta previa — consagrado en el artículo 2o de la Constitución y 21o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– en contra del gobernador Francisco Olvera, el Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Tepeji del Río, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y el Director de Obras Públicas Municipales.

Los actos reclamados son «la omisión de las autoridades de realizar una consulta previa, libre e informada a la modificación del proyecto de la rehabilitación de la carretera de acceso en la comunidad de San Ildefonso que cumpliera con los estándares internacionales y que en consecuencia se hayan iniciado los trabajos de rehabilitación sin que se hubiese verificado el mismo».

En inicio, el Segundo Juzgado de Distrito en Pachuca negó a los quejosos la suspensión provisional de las obras, sin embargo, el Tribunal Colegiado a fin de salvaguardar los derechos de los integrantes de la Comunidad y conservar la materia de una posible protección constitucional ordenó la suspensión provisional de la continuación de las obras de reconstrucción del acceso a la comunidad indígena de San Ildefonso, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva.

Debido a que la obra ya cuenta con un avance del 40 por ciento y la resolución del amparo llevaría más de un mes, la Comunidad teme que el Juez de Distrito, que en su momento negó la suspensión provisional, no otorgue la suspensión definitiva en la audiencia que se celebrará el próximo 26 de Julio.

Finalmente, cabe señalar que, la Comunidad de San Ildefonso en ningún momento se ha pronunciado en contra del desarrollo y beneficios que el proyecto de rehabilitación de la carretera les podría generar. Sin embargo, consideran que dicho proyecto – por más benéfico que les pueda resultar – no puede estar por encima del respeto de sus derechos fundamentales ni de su reconocimiento como comunidad indígena.

Video de la conferencia de prensa: Ordena Tribunal suspensión de obra garantizando derecho a la consulta de la comunidad Hñähñu en Hidalgo 

 

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Carroll abre 2 granjas en Cuyoaco; 14 comunidades se oponen a que use su agua

 

Por : Javier Puga Martínez

2012-05-28 04:46:25

Los habitantes plantearon que el gobierno del
estado de Puebla no está midiendo las
consecuencias sociales de imponer a una industria
como esta

Hace tres semanas, la empresa Granjas Carroll de México inició operaciones en el municipio de Cuyoaco, Puebla, donde instaló sus dos primeras granjas porcícolas de un total de 30 que planea abrir en este lugar, en una expansión hacia el centro del estado de Puebla.

Esto contraviene el acuerdo firmado por Tito Tablada Cortés, director de Relaciones Públicas de Carroll, el 11 de enero de 2007, en el cual públicamente se comprometió a que Carroll no se expandiría en el Valle de Perote y fuera de éste. El acuerdo también fue suscrito por los entonces presidentes municipales de Perote, Tepeyahualco y Guadalupe Victoria; por el secretario de Desarrollo Rural de Puebla, representantes del gobierno de Veracruz y diputados de ese estado, entre otros, pero no se cumplió.

En Cuyoaco las dos granjas tienen un total de 16 naves que concentran a unos 10 mil cerdos. Estas instalaciones están a un kilómetro y medio de la zona arqueológica de Cantona, y a menos de mil metros de unos pozos de agua que abastecen a 14 comunidades del municipio de Tepeyahualco, donde habitan más de 15 mil personas. Entre los pozos de agua y el límite del municipio de Cuyoaco sólo hay una calle de distancia.

Algunos habitantes de las comunidades de Chichicuautla, Alchichica, Itzoteno, Techachalco, Jalapasco, El Fuerte de la Unión, Tetipanapa, San Roque, Mancuernas, Xaltipanapa, Guadalupe Sarabia, Texcal, Tepeyahualco, Pizarro y Tezontepec formaron un frente en defensa del agua y de la tierra de la zona, pues aseguran que no pueden permitir que el lugar donde habitan padezca una devastación ambiental por parte de Carroll, como las comunidades aledañas a Perote.

Sin embargo, la empresa estaría actuando de la misma forma que lo hizo contra los 14 activistas de la organización Pueblos Unidos, quienes se opusieron a Carroll en 2007 y fueron enviados a la cárcel de Cholula, ya que se sabe que hay cinco órdenes de aprensión contra ejidatarios de Tepeyahualco, por el presunto “bloqueo de caminos”.

En una entrevista que concedieron a este diario, los integrantes del movimiento, que prefirieron omitir sus nombres, señalaron que fue el presidente municipal de Cuyoaco, David González Pérez, de extracción panista, quien otorgó los permisos de uso de suelo, así como las licencias de funcionamiento correspondientes.

Son 200 hectáreas de tierras que ecultivables las que compró Carroll para la instalación de sus granjas en Cuyoaco. Éstas pertenecían a un hombre llamado Héctor Sánchez, de quien los campesinos aseguran es el propietario de más de 3 mil hectáreas en la región. La compra–venta se habría pactado en unos 20 millones de pesos.

Agregaron que la primera irregularidad que encontraron en la llegada de Carroll a la zona es que el gobierno le permite tener a esta empresa esa extensión de tierra, pero si un ejidatario sobrepasa las 8 hectáreas entonces es acusado de ser “acaparador” y “latifundista”.

Recordaron que el mes pasado los habitantes de Tepeyahualco se manifestaron en la presidencia municipal de Coyoaco, donde el edil les pidió no entrometerse, pues a final de cuentas la empresa estaba dentro de ese municipio. “La contaminación del suelo por aire y tierra no tiene fronteras”, le respondieron los quejosos.

La discusión se trasladó hasta Casa Aguayo, en la capital del estado, y en la Secretaría General de Gobierno se les informó que la empresa cuenta con todos los permisos de la Comisión Nacional del Agua, así como de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que “no había más qué hacer”. Además, se les sugirió que si continuaban insistiendo, “no habría obras”.

Mientras, los trabajadores de la empresa prometieron a los habitantes de la comunidad de Texcal que si no se oponían a la instalación, Carroll les daría a cambio gas gratuito, buscando con ello ganar adeptos.

Durante la entrevista, realizada este fin de semana, los habitantes plantearon que el gobierno del estado de Puebla no está midiendo las consecuencias sociales de imponer a una industria como esta. Incluso advirtieron la posibilidad de un “estallido social”, pues dijeron que no están dispuestos a permitir la desaparición de su principal recurso que es el agua.

En ese sentido, criticaron que a los campesinos la Conagua les impida abrir un pozo porque supuestamente el acuífero de Libres está “vedado”, pero a Carroll se le dieron todas las facilidades para instalarse y con decenas de pozos a su disposición. Agregaron, tienen que cavar a 45 metros para encontrar agua de buena calidad, pero los pozos de las granjas porcícolas están a 200 metros, donde hay más agua y aseguran que esta no les falte.

Expusieron que mientras la indignación de los pobladores de Tepeyahualco sigue en aumento, el gobierno estatal trata de ocultar a los habitantes de Cuyoaco la verdad sobre las consecuencias ambientales que trae consigo Carroll de México, pues la semana pasada el gobernador Rafael Moreno Valle hizo una gira por ese municipio donde entregó semillas, fertilizantes y mototractores a los campesinos de Cuyoaco, “calmando cualquier protesta”.

 

Entre sequías, heladas y sin médicos

En este municipio ubicado al centro estado de Puebla habitan más de 15 mil personas, y según el Catálogo de Localidades del país, es de marginación media. La principal actividad de este lugar es agrícola, y sus habitantes se dedican a la siembra de maíz, de frijol, haba, avena y durazno. Los que no están en las actividades agropecuarias migran a Jalapa, a Puebla o a los Estados Unidos.

En un recorrido realizado por este diario por Tepeyahualco, los campesinos relatan que padecen una sequía intensa desde hace cinco años. Tan sólo en 2011, se perdió 75 por ciento de la cosecha de todo el municipio por la sequía, pero también por las heladas que han perjudicado la producción en el campo.

“Seguimos esperando que nos den los apoyos para la contingencia del año pasado”, comenta Agustín Ríos, un hombre que pastorea unos borregos al pie de la carretera que comunica al municipio de Oriental. Este hombre se dedicó mejor a la crianza de estos animales, pues asegura que difícilmente puede hacer producir sus tierras.

“Las milpas estaban de 15 centímetros: todas se quemaron”, relató el campesino.

A esto se suma la contaminación que produce el canal de aguas negras del municipio de Libres, que desemboca a un costado de la cabecera municipal de Tepeyahualco; estas aguas se infiltran hacia el subsuelo porque no tienen una salida, comentan otros pobladores.

Juana Martínez, otra habitante del municipio, subrayó que la población no está preparada para enfrentar las consecuencias de una contaminación como la que produce Carroll en el Valle de Perote.

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 75 por ciento de la población de Tepeyahualco tiene acceso a los servicios de salud, “pero aquí está prohibido enfermarte en viernes, sábado o domingo. Hay clínicas pero no hay médicos los fines de semana. Y si te enfermas entre semana, pues no hay medicamentos”, comenta la mujer.

Agrega que hay cobertura del Seguro Popular, pero las medicinas son entregadas siempre y cuando el valor del medicamento no supere los 100 pesos. “Nadie puede garantizar que no habrá otro brote de influenza por la contaminación de Carroll. Si es así, ¿qué vamos a hacer?”, pregunta.

Presentan manual de acciones colectivas y amparo para lograr la justicia ambiental

 

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 21 de mayo de 2012

Boletín de prensa
Centro Vitoria / Greenpeace / Frornteras Comunes / Litiga Ole / Asociación Ecológica Santo Tomas / Apetac / Fasol

Para que las comunidades y/o consumidores afectados en su salud y medio ambiente puedan acudir ante Tribunales Federales a demandar la reparación de daños ambientales, causados por particulares y empresas públicas; organizaciones no gubernamentales presentaron el “Manual de acciones colectivas y amparo para lograr la justicia ambiental”.

Las organizaciones Fronteras Comunes; Greenpeace; Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE); Asociación Ecológica Santo Tomás; Asociación de Productores Ecologistas de Tatexco; Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco De Vitoria y Comité de Derechos Humanos de Tabasco, elaboraron este documento con el que se pretende proporcionar un entendimiento más sencillo de  los procedimientos que se siguen al ejercitar las figuras de las  acciones colectivas[1]  o amparo colectivo[2] .

México actualmente se encuentra viviendo una serie de situaciones adversas tanto económicas, políticas, sociales y de violencia, muchos de los problemas que aquejan a las personas y comunidades en el país son la desigualdad, la pobreza, la falta de vivienda, de alimentación, de agua y de afectaciones al medio ambiente, muchos de estos tienen que ver directamente con violaciones de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).  Es por ello que frente a las injusticias, la lucha de los pueblos, colectivos, movimientos y organizaciones sociales y defensores de derechos humanos ha sido fundamental para la resistencia y defensa de los derechos humanos y para lograr un reconocimiento de la dignidad de todas y todos.

“La instauración de las acciones colectivas en México permitirán el acceso a mecanismos más efectivos  para la reparación del daño en materia ambiental, los cuales no existían  en la realidad. Esperamos que con estos nuevos instrumentos jurídicos las empresas y los gobiernos se comprometan verdaderamente con el cumplimiento y realización del derecho humano  a un medio ambiente sano y el principio de quien contamina paga; aunque en la práctica esperamos que prime la prevención de los daños antes que la reparación, aunado a la aplicación del principio precautorio”, señaló Maria Colín,  asesora legal de Greenpeace.

“Es un avance muy importante el que existan acciones colectivas en México, ya que las hemos venido buscando desde hace mucho tiempo para lograr la justicia ambiental en este país y por supuesto que la vamos a utilizar”, señaló Marisa Jacott, Directora de Fronteras Comunes.

Ximena Ramos, de Litiga OLE destacó la importancia de “contar con disposiciones que  permitan acudir al juicio  de amparo en forma colectiva, ya que las comunidades afectadas por leyes, actos u omisiones de las autoridades podrían acudir a este medio jurisdiccional en calidad de quejosas de forma sencilla,  sin dilaciones y evitando procedimientos individuales con resultados contradictorios,  haciendo al amparo una instancia efectiva de protección judicial de derechos e intereses difusos y colectivos.”

Clara G. Meyra Segura  del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria declaró que “La existencia de los amparos colectivos tiene como objetivo cambiar de manera integral el juicio de amparo como instrumento jurídico que debiera servir para proteger los derechos fundamentales de las personas, en donde se integraría el interés legítimo para que de esta forma no sólo las personas que tengan afectación en un derecho subjetivo puedan interponer este juicio de amparo, incluyendo tanto los derechos de naturaleza colectiva o intereses difusos, sino además, se extienda la interposición de acciones o amparo colectivo a organizaciones civiles que tienen como objeto de trabajo la protección del medio ambiente”.

Este material se basó en elementos jurídicos, teóricos, metodológicos y fundamentalmente en elementos recabados a partir del acompañamiento directo a las personas en comunidades y organizaciones sociales que defienden sus derechos en lo cotidiano, especialmente a las comunidades de Tabasco en Villa Guadalupe. Por ello las organizaciones que aportamos en el desarrollo de este material esperamos sea una herramienta de referencia y disponible para complementarse, así como mejorarse a partir de las experiencias personales y colectivas.

Se mencionó también el interés de la Asociación Ecológica Santo Tomás, dirigida por José Manuel Arias, de apoyar a comunidades de Tabasco para que realicen una denuncia a través del mecanismo de Acciones Colectivas en Tabasco, por comunidades afectadas por la actividad petrolera.

Isaúl Rodríguez Merales, coordinador de APETAC, señaló que su organización “hace un llamado a las organizaciones para que conozcan y utilicen este nuevo instrumento jurídico que permitirá la defensa, protección y representación grupal de derechos e intereses de los miembros de una colectividad, con el fin de hacer llegar la justicia colectiva para México y en su caso particular, para Veracruz”.

Fronteras Comunes agradeció el apoyo económico para la elaboración y publicación del “Manual de acciones colectivas y amparo para lograr la justicia ambiental” al FONDO DE ACCION SOLIDARIA A.C. (FASOL).

 

Manual de acciones colectivas y amparo para lograr lajusticia ambiental

 

 

Vídeo de la Conferencia de Prensa de la Presentación del Manual de ‘Acciones Colectivas y Amparo para Lograr la Justicia Ambiental’

 

Para mayor información:

Greenpeace: prensa@greenpeace.org

Fronteras Comunes:  info@fronterascomunes.org.mx

[1] “Decreto por el que se reforman y adiciones el Código Federal de Procedimientso Civil, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Compentencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de  Protección y Defensa al Usuario de Servicios  Financieros”.

[2] “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Incertidumbre y tensión entre gobierno panameño e indígenas

viernes 2 de marzo de 2012

PL

La incertidumbre y la tensión dominan las quebradizas relaciones entre el gobierno de Panamá y la comunidad ngöbe-buglé enfrentados en una mesa de negociación donde da la impresión que lo menos que se hace es negociar.

La situación, muy sensible para las partes desde la represión del 5 de febrero en San Félix, Chiriquí, que dejó al menos dos muertos en las filas indígenas y heridos aún hospitalizados, se ha complicado con un nuevo episodio de violencia.

Lo grave es que en esta ocasión fue en el mismo corazón de la capital, en el parque aledaño a la Asamblea Nacional, en los límites de la Plaza 5 de Mayo, donde cuatro ngöbes fueron heridos por balas de goma disparadas por los guardias de seguridad del Legislativo.

El jefe de la guarnición, Juan Vallarino, justificó el exabrupto al argumentar que los indígenas, quienes libaban alcohol y fumaban marihuana según él, amenazaron a la seguridad del personal contra quienes lanzaron piedras, una de las cuales golpeó en una pierna a un agente. Tenían, además, machetes y otras armas, añadió.

Los indígenas pidieron que les realizaran pruebas de alcoholemia, pero no se les practicó, negaron tener armas y calificaron a Vallarino de mentiroso. Los ánimos estaban muy caldeados.

Este admitió que sus hombres hicieron 15 disparos con un arma utilizada para jugar Paintball. Lo cierto es que cuatro ngöbes tuvieron que ser atendidos en el propio parque por la Cruz Roja y mostraron a periodistas y fotógrafos laceraciones causadas por los proyectiles de goma.

Las fotos están en todos los diarios al igual que los nombres y apellidos de los lesionados.

El incidente provocó que los dirigentes indígenas en las negociaciones, incluida la cacica Silvia Carrera y el presidente de la Coordinadora Rogelio Montezuma, abandonaran la sala de reuniones y sembraran aún más dudas sobre el devenir del caso.

Mientras eso sucedía en la capital, la situación también se enrarecía en Viguí, punto limítrofe entre Veraguas y Chiriquí, en Horconcito, El Salado y San Félix y a la altura del puente de Pacora en Panamá Este, donde hubo cierres de carreteras.

Los colores de la guerra volvieron a pintar los rostros de los indígenas al punto que la cacica tuvo que declarar que si no se llegaba a un acuerdo la situación podía salirse de su cauce. El ambiente estaba tan tirante que el gobierno convocó de urgencia por la noche en el Palacio Presidencial una inusual rueda de prensa en la que Fábrega pidió a los ngöbes acudir hoy al diálogo, aunque repitió en tres ocasiones que no accederán a la demanda indígena.

El incidente de la Asamblea, más que la gravedad intrínseca del hecho en sí, tiene de trascendente que pone en evidencia el grado de hipersensibilidad al que ha conducido una negociación que hasta ahora solamente ha servido para medir fuerzas.

Esto ha hecho que la encrucijada de las hidroeléctricas, paradójicamente, carezca de bifurcaciones. No hay atajos, ni trochas, ni caminos, ni cruces porque las partes no dan alternativas.

Todo se reduce hasta ahora a una superposición de criterios con intereses contrapuestos y en apariencias irreconciliables, en la que es casi un imposible adivinar cuál va a preponderar, si es que alguno lo hace, en la lógica del desencuentro, y esa es una perspectiva realmente muy poco esperanzadora.

Pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena para el Pueblo de Santa María Ostula, Michoacán, México

 

 PRONUNCIAMIENTO DEL

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Para el Pueblo de Santa María Ostula, Michoacán, México
AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A lOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.

LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS COMPAÑEROS DE LA OTRA CAMPAÑA
Los Pueblos, Naciones, Tribus y Barrios de México, decimos lo siguiente:
¡ Para los Agresores y Asesinos al Pueblo Nahua de Santa María Ostula, Ni Perdón , Ni Olvido; Sólo la Aplicación de la Justicia para que se les Castigue ¡

Hermanas y Hermanos del Pueblo Nahua de Ostula, en la zona costera del Pacífico del estado de Michoacán , Reciban el respeto y el cariño de nuestros Pueblos, Naciones , Tribus y Barrios que integramos al Congreso Nacional Indígena y del cual ustedes mismos son un pilar fundamental.

Compañeras y compañeros de la Sociedad Civil -de México y del Mundo-, les pedimos de la manera más humilde que nos acompañen en esta denuncia ante el mundo para defender al Pueblo valiente de Ostula , en el Estado de Michoacán, México que lucha por su Tierra, su territorio, su cultura, la paz , la justicia y la libertad.

Hoy, al iniciar el año del 2012, los olvidados de siempre nos hacemos presentes. Salimos de las entrañas profundas que el despojo, la represión, la humillación y la explotación nos tienen, y que pretenden hacernos desaparecer. Salimos del mar, la montaña y el desierto para decirles que hoy en un pueblo digno y rebelde,-que nosotras y nosotros conocemos como Ostula-, se está realizando una Guerra abierta y desigual en contra de sus habitantes; hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos , que sólo buscan vivir de manera digna y pacífica; pero que el gran capital con sus buscadores modernos de tesoros y sus piratas actuales de narcotraficantes, tratan de despojarlos de sus tierras para utilizarla como una mercancía más.

Denunciamos la falsedad de las declaraciones del gobierno de Michoacán y del Gobierno Federal de México, acerca de que en todo momento han proporcionado la protección debida a los hermanos de Ostula. Por el contrario, el engaño, la represión son la constante. Muestra de ello son la desaparición forzada de cuatro de nuestros hermanos: el menor de edad Enrique Domínguez Macías; de Francisco de Asís Manuel; Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino.

Denunciamos que, en los dos últimos años, han sido asesinados 28 personas de Santa María Ostula, todos ellos hermanos nuestros. En los dos últimos meses del año pasado, fueron asesinados Pedro Leyva y J.Trinidad de la Cruz Crisóforo quienes siguen siendo – aunque estén en el lugar que ocupan las luces y sombras de nuestros muertos -, integrantes del Congreso Nacional Indígena , al igual que todas y todos los hermanos del Pueblo Nahua de Ostula .

Denunciamos que el pasado 6 de diciembre de 2011 nuestro hermano J. Trinidad de la Cruz Crisóforo. Fue asesinado con la complicidad de las fuerzas armadas de la Marina y de la Policía Federal Preventiva Todos los asesinados han sido comuneros y su único delito ha sido defender la tierra , su territorio y la voluntad de su pueblo.

Manifestamos que las tierras de Ostula son propiedad ancestral de la comunidad, misma que fue reconocida por la resolución presidencial del 27 de abril del año de 1964 , y la comunidad cuenta con títulos de propiedad desde los años de 1802. Denunciamos que actualmente, estos títulos y documentos legales pretenden ser desconocidos por las autoridades de los gobiernos municipal; estatal y Federal; por eso mediante engaños , las autoridades de Secretaria de la Reforma Agraria y de las diferentes instituciones agrarias que hay en México, tratan de despojar a los comuneros de Ostula de sus derechos ancestrales sobre su tierra y territorio. En contra de toda ley.

Denunciamos que la Organización de Naciones Unidas (ONU) no ha respondido con la prontitud y firmeza que se necesita en estos casos, pues aún cuando existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de los comuneros , y de los compromisos adquiridos por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de respetar los derechos del Pueblo de Ostula, no se ha obtenido una respuesta satisfactoria que dé paz y tranquilidad a los habitantes de está región de Michoacán.

Manifestamos que desde siempre, nuestros pueblos, naciones, tribus y barrios nos hemos organizado para defender nuestras tierras y nuestro territorio, creando formas propias y pacíficas para garantizar la seguridad y la paz entre nuestros pueblos; por ello, nos resulta natural y bueno que la Guardia Comunal de Santa María Ostula tenga que cumplir con el Mandato de sus asambleas de cuidar a su pueblo, en pleno cumplimiento a lo que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ; y los Acuerdos de San Andrés que reconocemos como válidos y que fueron firmados –todos ellos-, por el Estado Mexicano.

Denunciamos que los malos gobiernos federal y del Estado de Michoacán se empeñan en realizar Megaproyectos del gran Capital como es una carretera costera que sólo despojaría de su agua, sus tierras , montes , playas y mar ,a la comunidad de Ostula ; que no sirve a los intereses de vida de los comuneros y que, ,además, afecta a la madre naturaleza.

Manifestamos nuestra reconocimiento a la Comunidad Nacional e Internacional , que siempre está atenta a nuestra lucha civil y pacífica, y de múltiples maneras se hace presente para evitar mayor represión en contra de nuestros Pueblos , Naciones , Tribus y Barrios que integramos al Congreso Nacional Indígena También extendemos ese reconocimiento a las personas y organizaciones de la Sociedad Civil , que se solidarizan con nuestras resistencias. Cada vez queda más claro que el gran capital no tiene fronteras; que sólo ambiciona mayor explotación y despojo; lo cual tiene como consecuencia mayor violencia en diversas regiones del mundo.

Manifestamos- los indígenas de México- que ante la Guerra desatada en contra de los hermanos de Ostula, y en contra de los Pueblos , Naciones, Tribus y Barrios que estamos en el Congreso Nacional Indígena ; y debido al incremento de asesinatos y violencia que hay en nuestro país, México, hemos resuelto dar a conocer el siguiente :

PRONUNCIAMIENTOPrimero.- Exigimos el respeto a la autonomía y autodeterminación del Pueblo de Santa María Ostula, Michoacán; por parte de los gobiernos Federal; Estatal y Municipal para que haya la paz y la justicia entre nuestros hermanos, así como mejores condiciones de vida;

Segundo.-Exigimos el respeto y reconocimiento a la Guardia Comunal de Ostula que está resguardando a su gente y a su territorio; que sólo se defiende de la guerra desatada en contra de nuestros hermanas y hermanos ; y donde la Guardia Comunal sólo cumple una orden de sus comuneras y comuneros;

Tercero.- Exigimos que las autoridades de los gobiernos Federal, Estatal, y Municipal de México reconozcan los derechos sobre la tierra, el territorio y la cultura que tienen los hermanos nahuas del Pueblo de Ostula así como el respeto a sus derechos ancestrales y así evitar mayores conflictos , muertes, desapariciones y agresiones en contra de este pueblo .

Cuarto.- Llamamos a la Comunidad Nacional e internacional a que continúe con su apoyo y solidaridad hacia los hermanos de Santa María Ostula, Michoacán, en México, para que se acabe la violencia , los asesinatos y desapariciones y para evitar que haya represión en contra de aquellos compañeros y compañeras de la Sociedad Civil que se unen a la resistencia de los pueblos ;

Quinto.- Exigimos a las autoridades del Gobierno Mexicano que investiguen sobre la desaparición forzada de nuestros cuatro hermanos de Ostula ,Michoacán : Francisco de Asís Manuel; Javier Martínez Robles ; Gerardo Vera Orcino y Enrique Domínguez Macías, para que a la brevedad se encuentren con nosotros, pues en el Congreso Nacional Indígena , necesitamos oír sus voces para dar los siguientes pasos..
.
Sexto.- Manifestamos que todas las hermanas y todos los hermanos de Ostula – en los que también contamos a nuestros muertos Pedro Leyva y J. Trinidad de la Cruz Crisóforo -, son parte importante del Congreso Nacional Indígena y su lucha y resistencia también son nuestras; por lo que las agresiones también las recibimos nosotros; por lo cual buscaremos la forma de no permitir más asesinatos, desapariciones y humillaciones.

Séptimo.– Demandamos que ante las agresiones y asesinatos que sufre el Pueblo Nahua de Santa María Ostula, los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas ; la Organización Internacional del trabajo ; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; El Alto Comisionado de Derechos Humanos; entre otros, cumplan con su papel de resguardar la Paz y la Seguridad de todas las personas que de manera pacífica y honesta luchan por vivir de manera digna , bajo formas legales reconocidas a nivel internacional por los diversos países que buscan la Paz, la Justicia y la Libertad. Por ello exigimos Justicia y castigo para los culpables de los asesinatos y desapariciones de los hermanos del pueblo de Ostula y de otros Estados.

Octavo.-Exigimos el respeto a la Autonomía y Autodeterminación que se ejerce en nuestros Pueblos; Naciones , Tribus y Barrios y el alto a las agresiones , la represión y el hostigamiento de los malos gobiernos federal y estatal de nuestro país , México, en contra de las comunidades Zapatistas, de Chiapas; los hermanos Wixaricas, los hermanos Purhépechas de Cherán, la Tribu Yaqui, de Sonora; los raramuris de Chihuahua; los hermanos Amusgos de Xochistlahuaca y los hermanos Coca de Mezcala, los hermanos Ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca y de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; Los hermanos de las comunidades del Estado de Guerrero y su Policía Comunitaria; entre otros.

Noveno- Recordamos y rendimos un homenaje a nuestras hermanas y hermanos asesinados por los malos gobiernos y por sus mensajeros , en particular y en esta ocasión, por los hermanos de Ostula, Michoacán, por los caídos en el levantamiento y resistencia del EZLN ; por los muertos en Acteal, Chiapas y por los jóvenes estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, Guerrero..

.El CNI reitera su exigencia de respeto a la vida, al agua, a la tierra, al territorio, a la cultura, a los sitios sagrados de nuestro País , México.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Dado en la República Mexicana, a 18 de enero de 2012.

Autoridades comunitarias rechazan proyectos mineros en el estado de Oxaca; denuncian no haber sido consultadas

 

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 8 de diciembre de 2011

Boletín de prensa
Autoridades / Ciudadanos / OSC de DH

• Posición de autoridades sobre proyectos mineros en el estado de Oaxaca

Reunidos/as en el  Segundo Foro Regional Informativo sobre Minería y sus Impactos en Comunidades Indígenas y Rurales, realizado el 26 de Noviembre de 2011 en la agencia municipal de Maguey Largo, San José del Progreso Ocotlán; manifestamos nuestro rechazo total a la minería en la región de Ocotlán y Ejutla. Denunciamos que los proyectos mineros: San José, Los Ocotes, Monte Albán y Taviche NO fueron consultados en asambleas de ejidatarios y/o ciudadanos, por lo que no tienen el consentimiento de nuestras comunidades  para su realización.

Considerando que:

• Las Asambleas comunitarias son la máxima expresión de la vida comunitaria, en donde se toman las decisiones para el beneficio de todos y todas, y consecuentemente para la defensa del territorio.
• La tierra, el territorio y los recursos naturales son propiedad colectiva de los pueblos y comunidades, éstos no coinciden  con la visión de “desarrollo” impulsada por los gobiernos federal y estatal.
• El PROCEDE, PROCECOM y FANAR son instrumentos de la política agraria federal para facilitar la entrada de empresas mineras y otras obras a gran escala, que debilitan la propiedad colectiva y los mecanismos comunitarios de defensa del territorio.
• Las empresas mineras necesitan grandes cantidades de agua, situación que agudiza la problemática de agua de los Valles Centrales, en donde existe escasez del líquido vital.

Denunciamos:

El día 20 de Noviembre de 2011, El presidente municipal de San José del Progreso el C. Alberto Mauro Sánchez, mandó a citar al agente municipal, al secretario y tesorero de Maguey Largo, amenazando que él, su cabildo y la Agencia de Policía de “El Cuajilote” iban a hacer todo lo posible por cancelar el Segundo Foro Informativo sobre Minería, y que no permitiría la entrada de personas de otras comunidades a la agencia municipal de Maguey Largo para impedir la realización del Foro; expresamos que esta iniciativa fue pacífica y surgió a raíz de la preocupación de los pueblos de los distritos de Ocotlán y Ejutla afectados por las actividades mineras en su territorios, preocupaciones que no han sido escuchadas y atendidas por el gobierno estatal.

El 26 de Noviembre de 2011, llegó al municipio  de Magdalena Ocotlán, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Ing. Salomón Jara Cruz ofreciendo apoyos para el campo y diciendo que iba por parte del Secretario General de Gobierno, el Lic Jesús Martínez Álvarez, para “pedir el apoyo de las autoridades”; este apoyo consistía en   los permisos para el paso del ducto de agua tratada de la empresa minera Cuzcatlán, el Ing. Salomón dijo  que la empresa minera se encontraba muy preocupada debido a que Magdalena no ha dado los permisos para el paso de la manguera. Las autoridades le expresaron al Ingeniero que desde 2006 Magdalena Ocotlán se ha opuesto rotundamente a los trabajos  mineros en la región, por lo tanto no permitirán  de ninguna manera el paso de los ductos de agua tratada por el territorio de Magdalena Ocotlán.

El Ejido el Vergel y su Anexo los Ocotes denuncia que el delegado de la Procuraduría Agraria ha hostigado constantemente a los/as ejidatarias y autoridades agrarias  para que ingresen al programa FANAR  argumentando que es preferible llegar a un “acuerdo” con la empresa minera. Denunciamos que los estudios hidrogeológicos realizados  en 2007 por la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. en el Ejido el Vergel y su Anexo Los Ocotes son ilegales debido a que la comunidad no fue consultada en ningún momento a través de su asamblea.

El C. Hilario I. Vásquez Gómez  miembro de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán hace la denuncia del robo de su automóvil el día 28 de Noviembre de 2011 en el barrio de Xochimilco. Este acto se dio después de la realización del Segundo Foro por lo que coincidimos que es un acto intimidatorio debido a su participación en la lucha contra la minería en la región.

Exigimos:

• Al Gobierno Estatal: deje  de presionar a los pueblos a través de sus dependencias y no utilice los recursos públicos como medida de chantaje para obtener el consentimiento de las comunidades, principalmente los programas de apoyo al campo.
• Al gobierno federal y estatal: Respeto a la decisión de Magdalena Ocotlán de no permitir la entrada de Ductos de Aguas tratadas de Ocotlán.
• A la Procuraduría Agraria: Respeto a la decisión de “el Vergel y su Anexo los Ocotes” de no permitir la entrada del FANAR. Alto al  hostigamiento hacia  las autoridades agrarias para la entrada de éste programa. Exigimos la cancelación de los estudios realizados en 2007 por la empresa minera Cuzcatlán.
• Maguey Largo exige al presidente municipal de San José del Progreso  no  presione a la comunidad a través de la retención de recursos públicos, que por derecho le corresponde a la agencia.
• Al gobierno estatal y municipal de San José del Progreso: Responsabilizamos  al C. Alberto Mauro Sánchez (Presidente Municipal de San José del Progreso), al C. Domingo Ángel Arango (Coordinador de la Asociación Civil: San José Defendiendo Nuestros Derechos) y al Cabildo Municipal de San José del Progreso por cualquier acto que involucre la seguridad e integridad física y moral de las autoridades, organizaciones y ciudadanos/as que se oponen a las empresas mineras en la región, principalmente la seguridad de el C. Felipe Eleuterio Vásquez Porras, Néstor Arango Porras y Melesio Juan Porras Hernández (Agente Municipal, Secretario y Tesorero respectivamente).
• Al gobierno federal y estatal: Respeto a la decisión de Capulalpam de Méndez de NO permitir la entrada de la empresa minera Sundance a su territorio.
• A la Procuraduría General del Estado: Se investigue el responsable del robo del automóvil del C. Hilario I. Vásquez Gómez miembro de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

La minería NO es  bienvenida en nuestras comunidades.

Autoridades Agrarias: San Martín Lachilá, San Antonino Castillo Velasco, La Pe, Cuatecas Altas, El Vergel y su Anexo los Ocotes, Capulalpam de Méndez, Tepehuaje.

Autoridades municipales: San Martín Lachilá, San Dionisio Ocotepec, Noria de Ortíz, El Vergel, Los Ocotes, San Juan Chilateca, Maguey Largo, Capulalpam de Méndez, San Martín de los Cansecos.

Ciudadanos/as: San Pedro Apóstol, San José del Progreso, El Cuajilote, San José Ozolotepec, Nochixtlán, San Matías Chilazoa, Santa Lucía, Oaxaca, Magdalena Ocotlán, Santa María Alotepec, Santiago Lapaguía Miahuatlán, Ayutla Mixe, Santiago Apóstol, El Porvenir, Jaltepec de Candayoc.

Organizaciones: Movimiento por el Planeta, Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Servicios del Pueblo Mixe Ser Mixe A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez PRODH A.C., Oaxaca Mujer, Luna del Sur A.C.

Martes, 06 de Diciembre de 2011

 

Vídeo Centro Prodh: Minas y Mentiras – La verdad sobre el proyecto minero en San José del Progreso (Oaxaca)