La inflación confirma que México no está preparado para una nueva emergencia en materia de alimentos y de precios

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Dilo Tú

 

Difusión Cencos México D.F., 26 de julio de 2012

Boletín de prensa
El Barzón

• Las cifras de la inflación a la primera quincena de julio confirman que México no está preparado para una nueva emergencia en materia de alimentos y de precios

Se debe rechazar las pretensiones de los grandes monopolios que han sido los eternos beneficiarios de las políticas económicas y la especulación

El pasado lunes 23 de julio, El Barzón advirtió del riesgo de una escalada de precios en alimentos básicos, propiciada por problemas de oferta provocados por las políticas de abandono al campo, pero también por la especulación que impunemente realizan los grandes monopolios, intermediarios e importadores del sector, los grandes beneficiarios de esa estrategia que promueve la concentración de los recursos productivos.

Siguiendo la tendencia de los meses anteriores, en la primera quincena de julio, nuevamente los mayores incrementos en los componentes del índice de precios al consumidor se registraron en los Alimentos, bebidas y tabaco, con un aumento de 0.35% para alcanzar un crecimiento anual de 6.53%, y en los productos agropecuarios, con un aumento de 2.25%, para un aumento de 12.07% con respecto al nivel de la primera quincena de julio de 2011. En particular, los precios de los productos pecuarios crecieron 3.06%, para un crecimiento anual de 13.29%.

En esta ocasión fue el impacto del pollo y del huevo, este último con una variación quincenal de 15.7%, pero los riesgos no se limitan a esos productos en los que, por cierto la autoridad sólo amenazó con liberar las importaciones de 132,000 toneladas, pero no actuó para frenar la especulación y sancionar a quienes en cada período de crisis obtienen ganancias extraordinarias. Es más, hasta el momento no ha dado a conocer los cupos de importación sin arancel y los precios siguen altos. Qué bueno que no aprueben las importaciones que sólo benefician a los monopolios. Pero en cambio, sí es necesario que las autoridades actúen para regular al mercado y sancionen a los especuladores y las prácticas no competitivas.

En El Barzón estamos convencidos de que como consecuencia de las políticas aplicadas en los últimos años, México está entrando en una emergencia general de alimentos cuyas alzas de precios repercutirán en un aumento en el número de pobres. Hay que recordar que, de acuerdo con la Coneval, hoy hay 32.3 millones de mexicanos considerados “Vulnerables por Carencia Social”, que no son pobres, pero corren el riesgo de serlo.

Apenas en 2008, con el inicio de la crisis de alimentos, propiciada por la voracidad de monopolios y especuladores, los mexicanos fuimos testigos de la omisión o complicidad de autoridades, que permitieron que el impacto de los aumentos en los alimentos afectara fundamentalmente a los sectores de menores ingresos, produciendo un aumento de dos millones en el número  de pobres, por lo que los mexicanos en condiciones de pobreza llegó a 52 millones de personas.

Como se recordará, la respuesta a las alzas especulativas de los alimentos básicos, el gobierno de Calderón sólo negoció un acuerdo en beneficio de los integrantes de la ANTAD. En la realidad, los consumidores sufrieron el alza de la tortilla y el frijol, entre otros, y recientemente alzas en el huevo, pollo y carne.

Esto último sucedió a pesar de que el secretario de Economía, Bruno Ferrari, denunció la especulación. Hoy, Economía y la Comisión Federal de Competencia cuentan con instrumentos, como las sanciones derivadas de las reformas promovidas por la sociedad civil, tipificadas en el Artículo 254 bis del Código Penal, para sancionar a las prácticas de comercio desleal. Sin embargo no hacen nada.

Lo cierto es que hoy existe un riesgo de crisis alimentaria, que afectaría los precios de por sí altos que se registran en este sexenio. Ya se había anunciado una situación de riesgo con la Caravana del Hambre a principios de este año, cuando la respuesta del gobierno de Calderón consistió en aprobar las demandas de los productores, pero sólo para lograr la desmovilización, sin cumplir los compromisos alcanzados.

Contra el reclamo de amplios sectores de la sociedad, en el sentido de que se debe corregir la política económica y en particular la política económica aplicada al campo, los gobiernos del PAN y del PRI se han caracterizado por el abandono de los pequeños y medianos agricultores y el favoritismo en beneficio de los grandes monopolios. Como consecuencia, ese sector fundamental para la producción es incapaz de producir los alimentos que requiere el país y se encuentra sujeto a continuas maniobras especulativas en contra del consumidor y el pequeño productor.

Hoy se confirma una tendencia alcista en los precios de los granos, propiciada por las condiciones de sequía en Estados Unidos, de modo que los precios del maíz crecieron 41.8% sólo entre el 24 de junio y el 23 de julio de este año.

A diferencia de la especulación que se presentó en 2008, ahora la razón del alza de precios es una fuerte caída en la oferta de granos por parte de la principal región productora de Estados Unidos. Como se sabe, una de las consecuencias de las políticas aplicadas en las últimas administraciones ha sido la de depender cada vez más de las importaciones, en particular de granos, por lo que el alza podría afectar a toda la cadena de producción e impactaría en los precios de la carne de pollo, bovina y porcina.

En ese sentido, es importante destacar que de acuerdo con el INEGI, desde el principio del sexenio existe una fuerte presión en los precios de los alimentos. El Barzón lo registró en el caso del frijol, el maíz, recientemente en el huevo y la carne.

Eso se confirma claramente en los registros de inflación. De acuerdo con reporte a junio de este año, en el segmento de productos no subyacentes, el de menos volatilidad, el crecimiento anual del sector de Alimentos, bebidas y tabaco fue de 6.43%. A eso se debe añadir que en el segmento de no subyacentes, donde se encuentran los índices de precios más volátiles, el alza anual de los productos agropecuarios fue de 11.29%. En los dos casos son incrementos muy superiores a las alzas de los precios de los servicios, 2.54%; o de los energéticos, que fue de 5.02% entre junio de 2011 y junio de 2012.

En esas condiciones, de manera persistente, de acuerdo con el Coneval, el costo de la línea de bienestar urbana desde 2004 es superior en más de 20% a un salario mínimo mensual, que es la situación en la que se encuentran por lo menos 6.3 millones de trabajadores, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Es un hecho que las alzas de precios impactan con más fuerza a los sectores de menores ingresos. Como se ha señalado con las cifras de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares, el decil de menores ingresos destina 48.6% de su gasto en alimentos, mientras que el decil más alto sólo dedicó 21.9% para ese propósito. Si se ve desde el punto de vista de los ingresos por número de salarios mínimos, se observa que las familias que tienen un ingreso de un salario mínimo dedican 58.8% de su gasto a la compra de alimentos; los que ganan más de ocho salarios mínimos sólo destinan 25.9% a la compra de alimentos.

Eso mismo se confirma en la inflación por estratos, en la que se observa que el índice de precios de la canasta que consumen quienes ganan hasta un salario mínimo, entre junio de 2004 y junio de este año creció 21.8 puntos porcentuales más que el precio de la canasta de quienes ganan más de seis salarios mínimos.

En ese contexto, urge que las autoridades modifiquen la estrategia e inviertan más en apoyo de los pequeños y medianos productores agropecuarios, los verdaderos soportes de la alimentación en México. Urge que se invierta en infraestructura agrícola, en la recuperación de los acuíferos del país y, en particular, para evitar las maniobras especulativas, en la construcción de la reserva estratégica de granos y en un eficiente esquema de regulación que proteja de manera clara el poder adquisitivo de los trabajadores del campo y la ciudad.

En ese mismo sentido, se debe rechazar las pretensiones de los grandes monopolios que han sido los eternos beneficiarios de las políticas económicas y la especulación, de erigirse en los salvadores del campo.

25 de julio de 2012

Alfonso Ramírez Cuéllar – Presidente.
Alejandro Castillo Morales – Especialista.
Uriel Vargas Guzmán – Integrante.

Contacto:

Bucareli #42 Int. 105, Col. Centro Del. Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06040, Tel y Fax 01 (55) 55 18 78 92 e-mail com.social.barzon@gmail.com

La crisis mundial también se siente en la economía local

LUNES, 23 DE JULIO DE 2012

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Las autoridades de la zona euro aprobaron un rescate de la banca española por 100.000 millones de euros a cambio de un gravoso ajuste que supone aumentar el IVA del 18 al 21%, los mismos niveles que ese tributo tiene en la Argentina, y que como sabemos afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos de la sociedad.

Esa ofensiva contra el gasto social también se concentra en los trabajadores, ya que se presiona para profundizar las reaccionarias medidas que viene asumiendo el Partido Popular en la gestión del Estado Español, ahora reduciendo los subsidios al desempleo, el que se acerca al 25%, y si se considera solo la demanda laboral juvenil al 45%.

La decisión del ajuste está legitimada por el Parlamento, de una mayoría de derecha recientemente electa en castigo a la previa gestión de la socialdemocracia (¿izquierda?), gobernante durante las primeras manifestaciones de la crisis.

Tratamiento político sobre la crisis

Es importante destacar como la institucionalidad europea, con larga tradición democrática y puesta de ejemplo por su “Estado benefactor”, es la que aboga por el ajuste, más allá de declaraciones de fracciones que son corresponsables de la situación de crisis, y especialmente del ajuste, que tiene historia y no empezó ahora con la derecha en el gobierno.

Terminar con el Estado benefactor es la tarea del capitalismo contemporáneo, que solo se justificó mientras el mundo era bipolar, no ahora, luego de la caída del socialismo en el este europeo.

Vale destacar que el ajuste continúa siendo resistido en España con masivas movilizaciones que incorporan otra opinión política sobre el tratamiento de la crisis.

Los partidos del sistema, sean la derecha (PP) y la izquierda (PSOE), tanto como sus organizaciones sociales y sindicales vinculadas y/o asociadas, son responsables de la política que desemboca en la crisis actual. El otro actor es la movilización popular, que incluye por cierto a organizaciones políticas y sociales de izquierda.

Son elementos para considerar el carácter político de la crisis, la que no solo puede definirse por sus facetas económicas o financieras.

Las movilizaciones intentan llamar la atención sobre la crisis desde otra perspectiva, donde lo que predomina es el NO al ajuste, sin quedar muy en claro cuáles son los SI para sustentar un programa alternativo al hegemónico capitalista en curso.

El NO es algo que se generaliza en el movimiento de indignados que recorre el mundo. De hecho, presenta una situación similar a los NO del reclamo sustentado en las movilizaciones en torno al 2001 en nuestro país.

El interrogante es si esas movilizaciones pueden torcer el rumbo del ajuste y la regresiva reestructuración en Europa y encaminar un rumbo de cambio político, asunto esencial para pensar en otro desarrollo económico.

Las clases dominantes sugieren profundizar el rumbo neoliberal, de apertura y cambios estructurales del orden capitalista, contra el trabajo y a favor del capital y la seguridad jurídica de las inversiones. Otra variante es la “tercera vía”, que en su momento difundió el laborismo inglés y los demócratas estadounidenses, como rumbo entre el “salvajismo ortodoxo” y la socialdemocracia tradicional de los gloriosos treinta años (1945-1975).

Es interesante destacar la aparición del “otro” en la lucha política (de clases se decía en otra época). Ese otro es el sujeto movilizado. No solo hay disputa de proyecto en el marco del capitalismo, sino nuevas búsquedas sin precisiones, tal como ocurría en un largo ciclo que se reconoce desde la aparición del Manifiesto Comunista hasta la caída del socialismo en el este de Europa. He ahí el dato relevante de la época.

Una conclusión (muy rápida a mi criterio) que se venía construyendo en el último tiempo era que la salida de la crisis suponía una mayor ofensiva de las derechas, y con ella el restablecimiento del programa de apertura y liberalización de la economía, algo que se materializaba, por ejemplo, con los gobiernos tecnócratas en Grecia e Italia.

Se enfatizaba esa opinión luego de la reciente votación griega, que desplazó a un segundo plano a las expresiones electorales de la resistencia, el Syriza (la izquierda radical asociada al movimiento altermundialista) y el KKE (los comunistas, liderando buena parte del sindicalismo clasista).

Lo que no se vislumbra, más allá de los matices de las proposiciones de la resistencia griega, es que estas propuestas instalaron en el debate programático medidas como la auditoria de la deuda y el rechazo a los salvatajes con cláusula de ajuste, algo que recordó por estas horas el economista heleno Costa Lapavitsas, de paso por la Argentina. (1)

Pretendo enfatizar que no solo existe la mentada ofensiva de la derecha, sino también la irrupción de los NO y en forma emergente de los SI, los que comienzan a constituirse en programa de un sujeto transformador en formación.

Es un proceso que se desarrolla en un ciclo de luchas sociales y políticas que supone una nueva experiencia humana, que aprende del pasado y renueva la perspectiva, sin las certezas de otras épocas, pero en la búsqueda de nuevos horizontes emancipadores. De ello da cuenta la realidad nuestramericana de este comienzo del Siglo XXI.

El ejemplo regional, entre la producción y la política

El interés del profesor griego en el acontecer de la región latinoamericana se asocia al aprendizaje que puede obtenerse de los cambios políticos ocurridos, ya que es impensable repetir en cualquier territorio y condiciones, unas políticas, que están asociadas a determinada estructura económico-social y productiva.

Para ser concretos, Grecia no tiene soja, ni la diversidad y extensión de recursos naturales que nutre a Sudamérica. ¿Cuál es la base productiva para pensar políticamente una superación alternativa de la crisis griega, española o europea, e incluso mundial?

Queda claro con las movilizaciones que los pueblos rechazan el ajuste, y que muchos teóricos, políticos o militantes extra continentales miran hacia nuestramérica en búsqueda de inspiración, ya que nuestros países ofrecen una evolución macroeconómica que en apariencia la aleja de los problemas que hoy presentan países del norte desarrollado.

Digo en apariencia, porque el crecimiento económico esconde en el diagnóstico el fenómeno de la crisis. Buena parte del crecimiento regional está condicionado al alza de los precios de exportación de nuestros países, los que se explican por la crisis. (2)

Ni el oro, ni el petróleo o la soja expresan subas de precios por cambios en la productividad de sus ramas específicas, sino por imperio de multiplicidad de crisis, entre las que destaca la alimentaria, la energética o medio ambiental, los problemas financieros, especulativos y de mercado.

Es más, ahora empieza a sentirse en forma directa el impacto de la crisis, con la desaceleración de Brasil e incluso de China e India; tres motores del fenómeno “emergente” de los últimos años.

Las autoridades argentinas explican la caída de la producción local por la baja en la demanda brasileña, especialmente de automotores, adonde se dirige la mitad de la producción automotriz del país.

En efecto, el INDEC informa que en mayo 2012 la producción se retrajo un 0,5% contra el mismo mes del 2011 (3), un leve crecimiento del 0,2% contra el mes de abril del 2012, y una evolución del 3% para el año transcurrido, bastante menos que el crecimiento del 2011 y lo previsto en el Presupuesto para el 2012 en curso.

Los registros del INDEC, dan cuenta de 360.000 puestos de trabajo perdidos durante el semestre transcurrido desde octubre del 2011 a marzo del 2012, con la consecuente suba de la tasa de desempleo respecto del registro trimestral previo.

La situación más delicada, según las cifras oficiales, se presentan en la retracción industrial. La contracara es el agro, con precios record de las comodities, especialmente el maíz y la soja. Más allá de los datos del crecimiento o la desaceleración, se confirma el sentido del modelo productivo y de desarrollo extractivista, acompañando la tendencia de la demanda mundial. Se confirma una producción local para el mercado mundial, lo que condiciona a la baja los salarios.

Sea para aquellos que analizan desde afuera la realidad de cambio político en la región, o incluso para el pensamiento de nuestros pueblos, la mirada no debe colocarse solo en la producción, o en lo económico propiamente dicho, sino y principalmente en la política, en las condiciones subjetivas de lucha política que motorizan las mutaciones en la región.

Es un debate no cerrado, en especial sobre los beneficios, o no, de la orientación esencialmente extractivista del modelo productivo generalizado en nuestra región, más allá de definiciones a la derecha o a la izquierda de los gobiernos. (4)

Precisamente, en estas horas se discute en Paraguay la base económica y productiva (sojera) del golpe institucional, que a horas del ilegitimo acontecimiento de desplazamiento de Lugo, el viejo nuevo régimen aprobó trascedentes medidas para la difusión de los transgénicos en el agro y consolidó posiciones de transnacionales en la actividad económica.

La reflexión apunta a pensar que haber favorecido y fortalecido en Paraguay en estos años la economía extractivista, contra otras formas de producción agraria, sea campesina, indígena, cooperativa, o de producción familiar, es parte de la desmovilización popular en el sustento de un cambio estructural.

Nuestros comentarios apuntan a destacar el papel de la política y la construcción de sujetos organizados y movilizados por objetivos de cambio estructural, de modelo productivo y de desarrollo. No hay economía al margen de la política, ni viceversa.

El que no llora no mama, pero…¿cuál es el rumbo del reclamo?

Quizá convenga, a propósito de lo dicho, reflexionar sobre el tema del pago del aguinaldo a los estatales de la Provincia de Buenos Aires.

Más allá de las disputas en el gobierno, entre CFK y Scioli, fue la movilización de estatales, judiciales, médicos o docentes los que indujeron una “solución”, la que se ejecutará con aportes de la ANSES y el endeudamiento del estado bonaerense.

Convengamos que es una solución a medias, porque en el camino queda el compromiso público de cancelar las nuevas deudas públicas, lo que puede significar nuevas propuestas de ajuste al salario de los estatales o al gasto social, ya que sería una gran sorpresa que el tema se resolviera con reformas progresivas del régimen tributario.

Se sugiere en discursos oficiales que el “modelo resuelve más que la protesta”. Lo reiteró la presidenta en varios discursos, especialmente con los sindicalistas empresarios de la “nueva CGT”. La realidad demuestra lo contrario, dando la razón que asiste al tango cuando frasea que “el que no llora no mama”.

La coyuntura mundial, regional y local evidencia que la crisis continúa y se profundiza, afectando a los sectores más desprotegidos, que son los mismos que salen a las calles reclamando en contra del ajuste, y que en algunos casos empieza a dotarse de un programa en otro sentido al hegemónico.

¿En qué sentido? Ese es uno de los problemas, ya que el rumbo alternativo a la crisis capitalista no está delineado a priori. Lo llaman socialismo en Cuba, en proceso de renovación; socialismo del siglo XXI en Venezuela, en situación de discusión permanente, especialmente ahora en época electoral; o socialismo comunitario en Bolivia, recogiendo la tradición de organización y cultura comunal en el altiplano.

No es tanto el problema sobre como se lo denomina, sino el sentido de las medidas que se asumen.

El problema no es crecer o no crecer, sino qué, cómo, con quién y para quién producir; qué necesidades se pretende satisfacer. La cuestión es el contenido y objetivo del orden económico, social, político y cultural que se propone.

La discusión es de orden civilizatorio.

Notas:

1) Lapavitsas destacó “el éxito de la renegociación de la deuda argentina luego del 2001” tal como puede leerse en el sitio en internet del Ministerio de Economía, con foto de Hernán Lorenzino y el profesor de Economía y Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Londres.

2) No es solo por el comercio internacional, ya que buena parte del crecimiento industrial (automotores, por ejemplo), de la construcción, o de los planes sociales, se asocian al superávit comercial o fiscal que genera la situación de elevados precios de los bienes de exportación. El consumo y la inversión en crecimiento no es ajena a la evolución extractivista del comercio exterior.

3) INDEC. Estimador mensual de actividad económica, al 20/7/2012 (consultado el 21/7/12) en: http://www.indec.mecon.ar/

4) Venezuela o Colombia; Chile o Bolivia; Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, con diferencias o matices políticos en sus gobiernos, todos definen en el extractivismo la base de la acumulación económica.

Economía verde versus economía solidaria

Como alternativa a esta economía de devastación, si queremos tener futuro, necesitamos oponerle otro paradigma de economía de preservación, conservación y sostenimiento de toda la vida.

 

Leonardo Boff / Servicios Koinonia

El documento cero de la ONU para la Río +20 todavía es rehén del viejo paradigma de la dominación de la naturaleza para extraer de ella los mayores beneficios posibles para los negocios y para el mercado. A través de él y en él el ser humano busca sus medios de vida y subsistencia. La economía verde radicaliza esta tendencia, pues como escribió el diplomático y ecologista boliviano Pablo Solón «ella busca no sólo mercantilizar la madera de la selva sino también su capacidad de absorción de dióxido de carbono». Todo esto puede transformarse en bonos negociables por el mercado y por los bancos. De esta manera el texto se revela definitivamente antropocéntrico, como si todo se destinase al uso exclusivo de los humanos y la Tierra los hubiese creado solo a ellos y no a otros seres vivos que exigen también la sostenibilidad de las condiciones ecológicas para su permanencia en este planeta.

En resumen: «el futuro que queremos», lema central del documento de la ONU, no es otra cosa que la prolongación del presente. Éste se presenta amenazador y niega un futuro de esperanza. En un contexto como este, no avanzar es retroceder y cerrar las puertas a lo nuevo.

Hay además un agravante: todo el texto gira en torno a la economía. La pintemos de verde o de marrón, ella guarda siempre su lógica interna que se formula en esta pregunta: ¿cuánto puedo ganar en el menor tiempo, con la menor inversión posible, manteniendo una fuerte competitividad? No seamos ingenuos: el negocio de la economía vigente es el negocio. Ella no propone una nueva relación con la naturaleza sintiéndose parte de ella y responsable de su vitalidad e integridad. Muy al contrario, le hace una guerra total como denuncia el filósofo de la ecología Michel Serres. En esta guerra no tenemos ninguna posibilidad de vencer. Ella ignora nuestros intentos, sigue su curso incluso sin nuestra presencia. Tarea de la inteligencia es descifrar lo que ella nos quiere decir (por los eventos extremos, por los tsunamis, etc), defendernos de los efectos perjudiciales y poner sus energías a nuestro favor. Ella nos ofrece informaciones pero no nos dicta comportamientos. Estos debemos inventarlos nosotros mismos. Solamente serán buenos si están en conformidad con sus ritmos y ciclos.

Como alternativa a esta economía de devastación, si queremos tener futuro, necesitamos oponerle otro paradigma de economía de preservación, conservación y sostenimiento de toda la vida. Necesitamos producir, sí, pero a partir de los bienes y servicios que la naturaleza nos ofrece gratuitamente, respetando el alcance y los límites de cada biorregión, distribuyendo con equidad los frutos alcanzados, pensando en los derechos de las generaciones futuras y en los demás seres de la comunidad de vida. Ella adquiere hoy cuerpo a través de la economía biocentrada, solidaria, agroecológica, familiar y orgánica. En ella cada comunidad busca garantizar su soberanía alimentaria: Produce lo que consume, articulando a productores y consumidores en una verdadera democracia alimentaria.

La Río 92 consagró el concepto antropocéntrico y reduccionista de desarrollo sostenible, elaborado por el informe Brundland de 1987 de la ONU. Se transformó en un dogma profesado por los documentos oficiales, por los estados y empresas sin ser nunca sometido a una crítica seria. Secuestró la sostenibilidad sólo para su campo y así distorsionó las relaciones con la naturaleza. Los desastres que causaba en ella eran vistos como externalidades que no cabía considerar. Pero ocurre que estos se volvieron amenazadores, capaces de destruir las bases fisicoquímicas que sustentan la vida humana y gran parte de la biosfera. Esto no ha sido superado por la economía verde. Esta configura una trampa de los países ricos, especialmente de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que produjo el texto teórico del PNUMA, Iniciativa de la Economía Verde. Con esto descartan astutamente la discusión sobre la sostenibilidad, la justicia social y psicológica, el calentamiento global, el modelo económico fracasado y el cambio de punto de vista, una mirada distinta sobre el planeta que pueda proyectar un futuro real para la humanidad y para la Tierra.

Junto con la Río +20 sería muy positivo rescatar también la Estocolmo+40. En esta primera conferencia mundial de la ONU realizada del 5 al 15 julio de 1972 en Estocolmo (Suecia) sobre el Ambiente humano, el foco central no era el desarrollo sino el cuidado y la responsabilidad colectiva por todo lo que nos rodea y que está en acelerado proceso de degradación, afectando a todos y especialmente a los países pobres. Era una perspectiva humanística y generosa, que se perdió con la carpeta cerrada del desarrollo sostenible y, ahora, con la economía verde.

Ecuador: Sobreendeudamiento

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

Informaciones varias sobre este tema, presentan puntos de vista que los medios de comunicación social incluso los presentan como definitivamente contrarios. Mientras el Presidente de la República, sobre la base de estudios de la Superintendencia de Bancos afirma la existencia de sobre endeudamiento en más de 400.000 hogares, el Presidente del Directorio del Banco Central economista Pedro Delgado, señala que el sobreendeudamiento no existe. Las razones que explican las percepciones adversas antes mencionadas, hacen a la diferente base conceptual y metodológica en las que se basan unas y otras.

Efectivamente, en tanto el Presidente de la República, el Ministerio de Coordinación de la Política Económica -entonces bajo la dirección de la ex Ministra Katiushka King-, y la Superintendencia de Bancos sustentan sus apreciaciones en la relación ingresos-gastos, activos y pasivos globales y la consecuente capacidad de repago de deudas contraídas; el Gerente del Banco Central del Ecuador limita su análisis al estudio de los niveles de morosidad, esto es al número de créditos que no han sido cancelados de acuerdo a la programación de desembolsos acordada con los acreedores. En consecuencia, dadas las distintas bases conceptuales y metodológicas antes mencionadas, las conclusiones a las que arriban el Presidente de la República y el Presidente del Directorio del Banco Central no son comparables entre sí, puesto que en tanto la primera, de habitual aplicación a nivel de las entidades financieras, es una forma holística de juzgar los niveles de ingresos, gastos, activos y pasivos, para determinar la capacidad de repago de créditos potenciales a concederse, la segunda únicamente registra la incapacidad para cumplir con los pagos acordados, por lo que no considera, omite en su análisis, por ejemplo la existencia de mecanismos que ocultan el sobreendeudamiento al posibilitar pagos inferiores a los que demanda el nivel real de endeudamiento, como es el caso de las deudas contraídas con tarjetas de crédito que operan bajo la modalidad conocida como «pagos mínimos».

Lo antes enunciado es fácilmente aprehensible si se acude al ejemplo que proporcionan las tarjetas de crédito, diferenciando entre aquellas que cobran el monto del gasto mensual, respecto a las que acuden al mecanismo de pagos mínimos, por las razones que se explican inmediatamente. En el caso de las tarjetas que exigen el pago de los compromisos mensuales de créditos asumidos mensualmente, permite reconocer el monto total de la deuda contraída y la capacidad repago de la misma, lo que permite apreciar la existencia o no de un sobreendeudamiento del tarjeta habiente. A diferencia, si este mismo tarjeta habiente sería poseedor de una tarjeta que le posibilita pagos mensuales mínimos, a pesar de estar sobre endeudado podría no caer en morosidad, por cuanto su pago mensual es muy inferior al determinado por la primera modalidad.

De lo antes expuesto, es posible extraer dos conclusiones:

1. Mal hace el Presidente del Directorio del Banco Central entrar en una disputa sin reparar en las diferencias metodológicas antes apuntadas, con lo que no sólo confunde a la opinión pública, sino también contribuye a que los medios de comunicación social insistan en su ejercicio permanente para tratar de depreciar la palabra del Presidente de la República; y,

2. Si de sincerar las cifras de sobreendeudamiento y de evitar que se profundice esta situación nefasta para las economías familiares se trata, el gobierno nacional debería eliminar los mecanismos que ocultan el sobre endeudamiento, como es el caso del pago mínimo que establecen algunas tarjetas de crédito; mecanismo que conduce irremediablemente al sobreendeudamiento, cuanto más si se dispone de varias tarjetas de crédito que operen bajo esa modalidad. Basta revisar el sobreendeudamiento encubierto por este mecanismo en otras economías, como es el caso de los ciudadanos de los Estados Unidos, para no dudar en adoptar la medida sugerida.

Ingresos de Bolivia por petróleo aumentan 49 % en 2012

 

XINHUA

La renta petrolera por concepto de pago por regalías, participación e impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) que recibió Bolivia en el primer cuatrimestre de 2012 aumentó 49 por ciento con respecto a un periodo similar del año anterior, informó hoy la estatal petrolera YPFB.

Entre enero y abril de este año, el Estado boliviano recibió 852 millones de dólares por renta petrolera, en tanto que en 2011, entre enero y abril, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) depositó en sus cuentas fiscales 572 millones de dólares.

Esto significa que en el presente año se han recaudado 280 millones de dólares más que en el mismo período de 2011.

El gerente nacional de Administración de Contratos (GNAC) de YPFB Corporación, Edwin Alvarez, explicó que estos ingresos son generados por el aumento de la producción y el incremento de precios en la comercialización de gas natural en el mercado de exportación a Brasil y Argentina.

En esos países se observa un moderado incremento de volúmenes de gas natural requeridos por los compradores.

Los montos pagados por la estatal petrolera en el período examinado corresponden a la producción de octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011 y enero de 2012.

Del monto total, 112,7 millones de dólares se depositaron en cuentas bancarias a favor del Tesoro General del Estado (TGE) y se transfirieron, además, 513,7 millones de dólares por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Además, los recursos de la renta petrolera fueron depositados en cuentas de las gobernaciones de los departamentos productores de hidrocarburos.

En este período, el mayor monto por asignación de Regalías Departamentales por Hidrocarburos, correspondió al departamento de Tarija con 142,8 millones de dólares, región donde se encuentran los megacampos San Alberto, Margarita, Sábalo e Itau.

El segundo mayor monto corresponde a la Gobernación del departamento de Santa Cruz con 42,8 millones de dólares; entre tanto, Cochabamba percibió 13,3 millones de dólares y la Gobernación de Chuquisaca se benefició con 7,6 millones de dólares por este mismo concepto.

Del monto recaudado en este primer cuatrimestre, la estatal petrolera pagó, además, 12,5 millones de dólares para el departamento del Beni y 6,2 millones de dólares para el departamento de Pando correspondientes a la Regalía Nacional Compensatoria, en concordancia con la normativa vigente.

De acuerdo con la cláusula 12 de los Contratos de Operación suscritos con las empresas petroleras en octubre de 2006, YPFB es el responsable directo del pago de regalías, la participación al TGE y el IDH.

Para el cumplimiento y aplicación de estos contratos, éstos fueron protocolizados el 2 de mayo de 2007.

En función a lo establecido en el decreto supremo 29.528, el pago por concepto de regalías, participación al TGE e IDH, es efectuado en una sola cuota mensual dentro de los 90 días posteriores al fin del mes de producción.

Privatizan trasnacionales cooperación para desarrollo

Sus donaciones les reditúan consumidores

 

Susana González G.

Periódico La Jornada
Domingo 27 de mayo de 2012, p. 24

Bajo la bandera de luchar contra la pobreza, las empresas trasnacionales privatizan la cooperación para el desarrollo al aprovechar sus donaciones para que las personas pobres que las reciben se conviertan en consumidores de sus productos, denuncia el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

El panorama de la cooperación para el desarrollo se ha modificado durante la última década con el sector privado colocado como agente de desarrollo y se alinea con las políticas económicas e intereses comerciales de las compañías multinacionales, con el apoyo de los gobiernos de los países y organismos públicos internacionales, pero también de organismos no gubernamentales (ONG) que ven a las grandes empresas con sus aliadas, pasando de la confrontación al diálogo y de ahí a la colaboración, alertan Pedro Ramiro, coordinador de OMAL, y Miguel Romero, editor de la revista Viento del Sur, en la investigación Pobreza: empresas, estados y ONG ante la privatización de la cooperación al desarrollo.

La reducción de fondos en las agencias de cooperación propicia las alianzas público-privadas, mediante las cuales los corporativos y gobiernos donantes buscan orientar la cooperación para el desarrollo hacia sus intereses comerciales, precisan. La pobreza resulta así un negocio rentable para las grandes corporaciones.

Plantean que ONG deben cuestionarse si tiene sentido que se subvencionen con fondos públicos los intereses privados de las corporaciones trasnacionales. ¿Tiene lógica que compañías como Coca-Cola, Wal-Mart, BBVA, Repsol o Telefónica, acusados de haber cometido graves delitos contra los derechos humanos, ambientales, civiles o laborales, sean las encargadas de marcar la agenda de las políticas oficiales de desarrollo?, cuestionan.