Brasil mantiene suspendidos los derechos de perforación de la petrolera Chevron

miércoles 14 de marzo de 2012

RIA NOVOSTI (especial para ARGENPRESS.info)

Autoridades de Brasil decidieron mantener suspendidos los derechos de perforación de la petrolera Chevron tras concluidas las investigaciones sobre el vertido de crudo en Campo de Frade (Río de Janeiro), informó la directora de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) del país carioca, Magda Chambriard.

Según Chambriard, las autoridades brasileñas no disponen de suficiente información que permita a la petrolera estadounidense perforar en territorio brasileño tras concluidas las investigaciones concernientes al derrame de petróleo en Campo de Frade, a unos 370 kilómetros de Río de Janeiro.

“No tenemos la seguridad de que Chevron haya establecido las causas del accidente y de que haya minimizado los riesgos de conformidad con las exigencias de la sociedad brasileña”, dijo Chambriard quien no detalló en lo referente a las conclusiones de las investigaciones.

En noviembre del año pasado, ANP abrió dos expedientes contra Chevron, uno por el incumplimiento del plan de abandono del pozo presentado por la empresa y otro por la “adulteración de las informaciones” que ofreció al ente regulador sobre el incidente. La petrolera estadounidense fue multada con 5,4 millones y 28 millones de dólares.

El derrame de petróleo tuvo lugar en un pozo explotado por la compañía estadounidense en el Campo de Frade, a unos 370 kilómetros de Río de Janeiro, la principal provincia petrolera de Brasil, y a una profundad aproximada de 1.200 metros.

Chevron posee una participación del 51,7% en el Campo de Frade, la estatal brasileña Petrobras tiene un 30% y el resto pertenece al consorcio nipón Frade Japón Petróleo.

El Campo de Frade cuenta con reservas probadas de entre 200 y 300 millones de barriles de crudo equivalente, según Chevron, que comenzó la extracción en 2009.

Publicado por ARGENPRESS

Los indígenas no buscan derrocar a Correa, le exigen que cumpla con Ecuador

miércoles 14 de marzo de 2012

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. No tengo duda de que Rafael Correa es un académico y político muy habilidoso que obtuvo la presidencia de Ecuador al iniciarse 2007 con el enorme apoyo de partidos y organizaciones de izquierda y progresistas, pero pasados un par de años cambió de posición. No se olvide que Correa en 2007 era -junto a Hugo Chávez y Evo Morales- conformaba el trío de gobiernos antiimperialistas que proclamaban los profundos cambios constitucionales y el “socialismo del siglo XXI”.

Pero pronto Correa fue convencido por el capitalismo internacional de que Ecuador para modernizarse debería abrir sus puertas al capital internacional urgido de petróleo, de minería, de agua, de tierras y que el país poseía mucho. Desde entonces comenzó a “pensar en grande” y sus viejos aliados, encabezados por los indígenas de la CONAIE, el Movimiento Popular Democrático (MPD), un partido de izquierda que aglutina a la Unión Nacional de Educadores (UNE), comenzaron a abrir los ojos.

2. La CONAIE (La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador) ha sido acusada por Correa de aliarse “con partidos de derecha y grupos económicos» como las cámaras de comercio para evitar su reelección en 2013, aunque aún no define su candidatura. Correa tiene el respaldo de otros sectores indígenas y su popularidad, según algunas encuestas, es alta. Humberto Cholango negó de manera rotunda que la CONAIE conspire contra Correa y responsabilizó al gobierno de eventuales hechos violentos. «Jamás nos vamos a prestar para intentar un golpe de Estado», aseguró. La CONAIE –con un enorme prestigio en América Latina- participó en la caída de los presidentes Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en 2000. Correa es el gobernante que más ha durado en el cargo desde 1996, período en el cual Ecuador ha tenido ocho mandatarios, tres de ellos derrocados.

3. Algunas consignas de la marcha –a la que se han unido profesores y estudiantes- que partió de El Pangui, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (sureste), y finalizará el 22 de marzo en Quito, tras un recorrido de unos 700 km, son: «No queremos inversión si es para la destrucción», «El agua no se vende, el agua se defiende», «Correa Minero, el agua está primero” fueron plasmados en carteles. La «marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos» es para protestar contra políticas del gobierno que «afectan a los indígenas» y «violentan» la Constitución de corte socialista promulgada por Correa en 2008, dice la CONAIE. Exige que el Congreso -donde el oficialismo tiene el mayor bloque- apruebe leyes para regular el manejo del agua y redistribuir tierras, rechaza la minería a gran escala y denuncia la «criminalización de la protesta social», el cobro de nuevos impuestos y los despidos de burócratas.

4. El gobierno firmó el primer contrato minero a escala industrial con la china Ecuacorriente para explotar cobre en Zamora Chinchipe. La Conaie y el Ejecutivo intentaron reconciliarse a fines de 2009, pero los indígenas rompieron el diálogo acusando a Correa de ejecutar un programa neoliberal solapado. En mayo de 2010, la organización protestó durante diez días en Quito en rechazo a un proyecto que votaría la Asamblea sobre el manejo del agua, logrando un compromiso legislativo para consultar a los aborígenes. Los indígenas, que dicen ser la tercera parte de los 14.5 millones de ecuatorianos, aseguran que esa iniciativa les quitaba el control del líquido vital en sus pueblos y favorecía a mineras y embotelladoras. Pero el gobierno sostiene que el objetivo de la Conaie es acaparar el manejo del agua y denuncia que la marcha busca desestabilizarlo, emulando la movilización indígena de 2011 en Bolivia contra un proyecto carretero del presidente Evo Morales.

5. El presidente Correa, en una concentración en la Plaza de la Independencia señaló que hay que resistir pacíficamente. Inició concentraciones el 8 de marzo para decirles a los asistentes: “aquí estamos y esta revolución no la detiene nada ni nadie!». También instó a sus seguidores a «continuar movilizados hasta el 22 de marzo» y superar con creces a sus detractores. ¿Puede olvidarse aquel 30 de septiembre cuando Correa acusó a policías descontentos de quererle dar un golpe de Estado? Parece que Correa en vez de recuperar aquellos principios democráticos y de escuchar las demandas que adoptó en las elecciones de 2006 y comenzó a aplicar los dos primeros años, ahora está decidido a enfrentar a todos los que protestan contra su gobierno. ¿En dónde quedó aquel presidente antiimperialista que junto a Chávez, Morales, Castro, Ortega, estaba dispuesto a construir una gran oposición al saqueo imperial y contra las bases militares yanquis?

6. En México, desde las izquierdas, tenemos muchas experiencias de marchas de profesores, de campesinos, indígenas y obreros. El EZLN, López Obrador, los electricistas, Sicilia, la APPO, los profesores, etcétera, han realizado dos o tres semanas de marchas en las carreteras del país para luego llegar a la ciudad de México en medio de grandes recibimientos, aplausos y alegrías. Esto quiere decir que en México hay un enorme colchón político que impide que las marchas terminen en choque tal como parece que se prepara en Quito para el próximo 22, y ha sido practicado por el mismo Correa aquel 30 de septiembre. Sería realmente un crimen condenable si Correa llegara a reprimir la marcha en cualquier día de estos o los espera el 22 para inventarles cualquier cosa contra ellos. Eso nos advierte que debemos estar muy atentos a esa gran marcha de 700 kilómetros de los indígenas y aliados exigiendo justicia.

7. No tengo duda de que la marcha se hará cada vez más grande y la Plaza de la Independencia de Quito es muy pequeña para resistir a más de 20 mil indígenas que llenarán todas las calles de acceso. Lo que debe hacer Correa es reflexionar seriamente y deshacerse de sus consejeros yanquis y ecuatorianos que lo han llevado a traicionar sus viejos principios y los compromisos con los electores que lo llevaron al gobierno en 2006. Espero que Chávez, Morales, Castro, Ortega, se acerquen a él para orientarlo y obligarlo a rectificar con el fin de que su política neoliberal y “modernizadora” la tire en el caño del drenaje antes que el pueblo ecuatoriano lo expulse a él del gobierno. Durante estos diez días los ecuatorianos van a tomar partido y seguramente lo harán por los indígenas, profesores y estudiantes que han decidido salir a la calle a luchas por sus derechos. ¡Alto a la represión! ¿Viva la lucha de los pobres del campo!

Foto: Marcha indígena ‘Por el Agua, la Vida y la Dignidad’ llegó a Cuenca.

Publicado por ARGENPRESS

Crónica de las leyes contra el saber

miércoles 14 de marzo de 2012

Umberto Mazzei (especial para ARGENPRESS.info)

En el 48 ac ardió la primera Biblioteca de Alejandría. No fue intencional, sino un accidente en la lucha de Ptolomeo contra su hermana Cleopatra y su mentor Cesar. Los restos y lo acumulado en los cuatro siglos siguientes formaron una nueva biblioteca llamada Serapeum, porque se instaló en el templo de Serapis.

En el 391, el emperador Teodosio mandó cerrar los templos paganos y el patriarca cristiano Teófilo de Alejandría (385-412) tuvo un pretexto para quemar el Serapeum. Ese incidente y otros similares, destruyeron todo testimonio del saber de entonces y Europa vivió en la más oscura ignorancia durante 500 años. Occidente recuperó su cultura greco-romana sólo gracias a los árabes de Córdoba. La revelación de la cultura europea original hizo reflorecer la idea humanística en el tardo medioevo y dio lugar al Renacimiento. Europa volvió a investigar y a escribir sobre el hombre y su entorno; lo que con la invención de la imprenta facilitó la fundación de bibliotecas públicas. El acceso burgués a la cultura deslizó el Renacimiento en el Iluminismo, que nos legó la libertad filosófica y la ética institucional laica del mundo moderno.

En los años 70, hay una vuelta al pasado. Se aprueban en algunos países leyes que castigan penalmente la discusión o investigación de versiones históricas oficiales, lo cual las hace sospechosas, porque las verdades asentadas sobre una sólida base documental no necesitan muletas legales. El hecho recuerda la práctica inquisitorial para mantener los disparates científicos de la Biblia. El último episodio, en 2011, es sobre un “Genocidio Armenio”, de 1915, que se atribuye a los turcos. El caso tiene tintes irónicos; no es Armenia quien penaliza su discusión, es Francia. Luego no es Turquía sino Alemania quien pide perdón, por ser aliada de Turquía en la Primera Guerra Mundial; parece que los alemanes le tomaron gusto a decirse culpables.

En 1994, con NAFTA, los Estados Unidos iniciaron una cadena de acuerdos dichos de “Libre Comercio” en los que se incluye siempre un capítulo sobre “Propiedad Intelectual”. Ese capítulo contiene normas que prolongan y aumentan los monopolios en el uso del saber para producción de medicinas y agroquímicos. Se llega así al absurdo de que patentes vencidas que pasan a ser patrimonio intelectual de todo el mundo, sigan siendo saber prohibido en los países que firmaron esos acuerdos con Estados Unidos, con esperas ulteriores de 5 a 10 años para producir las versiones genéricas que ahorran gastos y mejoran la salud pública y la agricultura. La Unión Europea repitió luego normas similares en sus “Acuerdos de Cooperación”.

En 2007 se comenzó a negociar en secreto el ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), una iniciativa de Estados Unidos y la Unión Europea a la que se sumaron los vasallos de siempre: Australia, Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza. En 2010 se conoció un borrador oficial y comenzó la inquietud por la total falta de transparencia. Sin embargo, no hubo debate previo en los órganos nacionales ni una discusión en los organismos internacionales vinculados al comercio, la Propiedad Intelectual o la libertad de expresión.

El ACTA desborda las reglas multilaterales internacionales y obedece a la lógica monopólica y represiva que la industria del entretenimiento quiere aplicar a Internet y la industria farmacéutica al comercio de medicinas. El 26 de enero, 2012, cuando la Unión Europea lo firmó, renunció el relator de ACTA ante el Parlamento Europeo, Kader Arif, diciendo que ACTA era una “mascarada” contra la sociedad civil, que omitía las objeciones del parlamento europeo sobre la libertad individual y denunció maniobras para impedir que se alertase a la opinión pública sobre su contenido.

En 2011 vino SOPA, una ley estadounidense para espiar y policiar en Internet y en estos días se discute en Melbourne la TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) con objetivos similares a los de ACTA, sin mucho éxito.

En febrero 2012, el Patriarca Teófilo vino de vuelta. Un tribunal de Munich, con una pobre interpretación de la Propiedad Intelectual, ordenó el cierre de Library.nu e Ifile,it, que tenían una biblioteca pública común en Internet, con más de 400 mil títulos, para lectura y descarga gratuita. La orden judicial obedece a una denuncia de 17 editoras: Cambridge University Press, Elsevier, Georg Thieme; Harper&Collins; Hogrefe; Macmillan Publishers Ltd; Cengage Learning; John Wiley & Sons; the McGraw-Hill Companies; Pearson Education Inc; Oxford University Press; Springer; Taylor & Francis; C H Beck; Walter De Gruyter, Association of American Publishers, Börsenverain y la Internacional Publishers Association. Una alianza coordinada y asistida por la firma de abogados Lausen Rechtsanwalte. El vínculo entre un sitio y el otro se hizo con la ayuda de PayPal, siguiendo la huella de las donaciones.

La denuncia concierne sólo 170 títulos, pero la orden es de cierre total. El caso es significativo, porque no se trata de música pop o películas, sino de fuentes de saber. Las obras ofrecidas se relacionan con la enseñanza y la investigación. Su acceso era útil en países con infraestructura educativa débil y poco dinero para financiar bibliotecas y eso comienza a darse ahora en países desarrollados. El cierre no aumentará las ventas, porque muchas de las obras ofrecidas no se imprimen o tienen poca demanda, tampoco es probable que quienes las obtenían gratuitamente puedan o quieran pagar una copia onerosa. Una pregunta que flota en el aire es la de que si con la misma lógica con que se cerró a Library.nu, se van a cerrar las bibliotecas públicas con acceso gratuito o ¿es que se van a cobrar derechos por sacar fotocopias de los libros o por tomar notas del contenido?

Un objetivo de tal ofensiva es también borrar de la cultura a los autores incómodos. Son los autores con ideas contra los excesos del capitalismo más factibles que las de Marx los que van desapareciendo de las bibliotecas. Ni siquiera en la Facultad de Economía de la Universidad de Ginebra se encuentra la obra de Sismondi, el célebre ginebrino que acuño el término proletario, que prestó ideas a Marx y a Keynes y que es más actual que nunca. Es raro encontrar a Friederich List, Malthus, St. Simon, Pareto o a Sombart, inventor de la palabra capitalismo. No hablemos de un Geoge Sorel o un Jean Jaurèz, cuyo enfoque de la mundialización tiene total actualidad.

El cierre de Library.un e Ifile.it más parece relacionado con limitar el conocimiento al conjunto de teorías económicas y políticas que abren espacios a las empresas transnacionales y que hoy se proclaman como receta única, científica e indiscutible. Esa preferencia doctrinal se debe, sin duda, a su mecánica electoral infalible para escoger líderes políticos que sirven los intereses de una oligarquía apátrida y a su nulidad para hacer más ecuánime la elevación de los estándares de vida.

Publicado por ARGENPRESS

México: Autoridades de Chiapas niegan aborto por violación a menor de edad

miércoles 14 de marzo de 2012

Patricia Chandomí (CIMAC)

Celia lleva 12 años de su vida, yendo y viniendo de la comunidad de Huixtán a San Cristóbal de las Casas para preguntar si ya agarraron al violador de su hija, Celestino López Hernández, quien desde los 16 años ha violado a Hilda Álvarez Hernández, ahora de 26 años de edad y con síndrome de down.

Celia cuenta que Hilda -indígena, pobre y discapacitada- era violada desde los 16 años de edad por Celestino, un vecino de la comunidad en Huixtán.

“Yo no me dí cuenta que a mi hija la violaban, hasta que mi hija dejó de reglar me dí cuenta que estaba embarazada y supe de la violación”, dijo su madre.

Pese a cumplir con las tres causales por las que se permite el aborto en Chiapas: violación, peligro de muerte y malformaciones congénitas graves, las instituciones de “procuración de justicia” y de “salud” en Chiapas le negaron la práctica del aborto.

“El trabajo en el campo es duro, el día no te alcanza para desgranar maíz, molerlo, hacer las tortillas, hacer la comida, cuidar a los hijos, ayudar en la milpa, lavar la ropa, y apenas sale para comer, no hay para doctores, ni medicina, ya estoy vieja, yo no quería que Hilda tuviera un hijo, a duras penas puedo cuidarla a ella, que en realidad es una niña de 4 años, hay que cambiarla, bañarla, darle de comer, quién los va a cuidar cuando yo me muera” se pregunta Celia.

Desde el 2003, Celia acudió a diferentes instituciones de salud para que le ayudaran a interrumpir el embarazo de su hija, las respuestas fueron desde “no la podemos atender”, hasta “aquí no tenemos orden para matar sino para dar vida, aquí no matamos gente”, respuesta dada por el personal del Centro “Los Pinos” de la Secretaría de Salud estatal.

Primero muerta que abortar

“Yo les expliqué que me interesaba la vida de mi hija de 16 años, pero por las respuestas que nos dieron parece que para ellos primero muerta antes que abortar”.

Siguiendo los procedimientos legales, Celia levantó la denuncia en la subprocuraduría indígena, reseña el Colectivo Feminista Mercedes Olivera (COFEMO) de San Cristóbal de las Casas que lleva el caso.

“Cuando Celia habló del embarazo y la posibilidad de interrumpirlo la licenciada que levantó la denuncia le dijo: no se puede interrumpir ¿acaso quieres irte a la cárcel? además si lo hacen, no van a haber pruebas de la violación” reseña COFEMO.

A los tres meses de puesta la denuncia, en marzo de 2003 giraron la orden de aprehensión contra Celestino, para ese entonces, Hilda tenía ya cinco meses de embarazo.

Al sexto mes de gestación tuvo un sangrado, mientras era trasladada a la ciudad de San Cristóbal el producto nació muerto poniendo en riesgo la vida de la menor de edad.

Hilda fue atendida en el Hospital Regional en donde le realizaron una limpieza uterina. El médico que la atendió le dijo a su madre que era necesario realizarle una salpingoclasia (ligadura de trompas) para que -de acuerdo con sus palabras- “si le vuelve a pasar lo mismo (la violación) ya no quede embarazada”.

Nueva violación

Celia se indignó por el comentario del médico. “Mi hija no tiene porque volver a ser violada, si realmente hay justicia para las mujeres, ella no tiene porque pasar por lo mismo nunca más”.

Aunque se giró la orden de aprehensión ésta no se ejecutó pues la policía argumentó que no quería incursionar a la comunidad de Hilda y Celia por la existencia de grupos armados. El Expediente Penal 79/2003 del Juzgado del Ramo Penal, Distrito Judicial Las Casas, quedó archivado con todo y la orden de aprehensión contra Celestino.

La impunidad en que quedó este caso permitió que en 2007 Celestino violara nuevamente a Hilda quien dio a luz a una niña con síndrome de down.

Ahora Celia a sus 70 años tiene que hacerse cargo de todas las tareas de la casa, velar por la manutención de su familia y hacerse cargo de estas dos niñas.

Publicado por ARGENPRESS

Guatemala: Ex kaibil encontrado culpable por masacre de Las Dos Erres condenado a 6 mil 60 años de prisión

miércoles 14 de marzo de 2012

CERIGUA

Pedro Pimentel, ex kaibil sindicado de participar en la masacre de Las Dos Erres, cometida en 1982 en Petén, al norte del país, en donde murieron 201 personas, fue condenado a seis mil 60 años de prisión por el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo que lo encontró culpable de los asesinatos.

De acuerdo con una información del diario Prensa Libre, aunque la legislación guatemalteca establece como pena máxima 50 años de cárcel, Pimentel, quien enfrentó juicio por asesinato y deberes contra la humanidad por la matanza de 201 personas en Dos Erres, fue condenado a seis mil 60 años de prisión, tal como lo solicitó el Ministerio Público (MP).

El Tribunal le dio valor probatorio a los testimonios de familiares de víctimas, quienes expusieron que miembros del ejército incursionaron en el parcelamiento de las Dos Erres vestidos de guerrilleros; la prueba contundente dentro del juicio fue la declaración de dos ex kaibiles, quienes participaron en la masacre y ahora son protegidos del MP.

Según la Fiscalía, los dos ex kaibiles que brindaron sus testimonios identificaron a Pimentel en la escena del crimen, aunque el acusado negó haber participado en los hechos, ocurridos en medio del enfrentamiento armado interno y bajo el gobierno de facto del general retirado Efraín Ríos Montt, quien también enfrenta a la justicia.

Pimentel Ríos fue condenado a 30 años de prisión por cada uno de los 201 asesinatos y 30 por delitos contra deberes de la humanidad; anteriormente el Tribunal Primero A de Alto Riesgo condenó el 2 de agosto de 2011 a cuatro ex kaibiles a quienes halló culpables de la masacre en mención, quienes en conjunto deberán purgar 24 mil 246 años de prisión; sin embargo, según la legislación nacional, la condena máxima que deberá purgar cada uno de los acusado es de 50 años de prisión.

Los subinspectores Manuel Pop, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez fueron condenados a 30 años por asesinato, por cada una de las 201 víctimas de la masacre.

El caso de la masacre de Las Dos Erres fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado guatemalteco por no haber asumido como un deber propio la investigación de la masacre.

Publicado por ARGENPRESS

En México los consumidores son mucho más vulnerables que en otros países; indefensión, impunidad, protección a monopolios y abusos, prevalecen

Difusión Cencos México D.F., 14 de marzo de 2012

Boletín de prensa
OSC de Consumidores

• 15 de marzo Día Mundial por los Derechos de los Consumidores por  servicios financieros seguros, justos y competitivos
• Es necesario fortalecer las organizaciones de consumidores
• La deuda de los hogares mexicanos ha llegado a 2 billones 168 mil millones de pesos,
• Establecer Ley de Insolvencia Familiar en México, la propuesta

El 15 de marzo del año 1962 el Presidente Kennedy en un discurso histórico enunciaba ante su Congreso, los derechos básicos de los consumidores en la sociedad industrial y de consumo intenso que ya se vislumbraba en esa década: Derecho a elegir; a ser informado y educado en temas de consumo; a bienes y servicios seguros, a ser escuchado y compensado o resarcido ante el incumplimiento del proveedor..

A cincuenta años del inicio del llamado movimiento consumerista, reflexiones importantes que los consumidores mexicanos debemos hacer.

En México la historia de los derechos de los consumidores ha sido una historia de indefensión e impunidad, de abusos y proteccionismo del mercado y de monopolios públicos y privados que nos encarecen aproximadamente un 30% los bienes básicos, de acuerdo a la Comisión Federal de Competencia; una historia de publicidad exacerbada y con frecuencia engañosa,  empresas que en México “se portan mal” porque se puede, y, hay que decirlo para cambiarlo, unos consumidores que no hemos reparado en el enorme poder que tenemos.

Las asociaciones y movimientos de consumidores tan solo empiezan a surgir en México en la primera década del XXI, ante la alarmante realidad de que ni mercado ni gobierno han podido proteger al consumidor ni podrán hacerlo si éste no se emancipa, si no alza la voz.

No obstante, el potencial para cambiar el funcionamiento del mercado es grande, pues hoy tenemos una sociedad civil organizada mucho más activa en la defensa de derechos, redes sociales extensas y una legitimación social incuestionable. Pero aún necesitamos fortalecer las organizaciones de consumidores, y formar otras nuevas, sólidas, independientes, con fibra ética y profesional y capaces de llevar la representación del consumidor a buen puerto.

Por nuestra parte, las Asociaciones aquí presentes, necesitamos el apoyo de millones de consumidores para tener más impacto en nuestras causas legítimas: relaciones de consumo más justas, un mercado seguro, eficiente, responsable, incluyente y sustentable y servicios públicos eficientes, seguros, accesibles a todos, no solo a unos cuantos.

Así, este año nos sumamos a la campaña por servicios financieros justos, seguros y competitivos que ante el G-20, la OCDE, y FinCoNet (la Red Internacional de Protección a los Consumidores Financieros, que aún resta se formalice su constitución) iniciara Consumers International desde 2010, preocupados del difícil acceso al crédito productivo y una banca y aseguradoras altamente rentables pero que no han generado bienestar al consumidor.

En el marco de la presidencia del G-20 a cargo del Presidente Calderón, hay una importante agenda de los consumidores y los excluidos de los servicios financieros mexicanos y del mundo entero. En este sentido, a las presentes nos preocupa la inclusión financiera y, siendo éste uno de los temas de la agenda del presidente Calderón, habrá que tomar muy en cuenta para no repetir la historia de 1993, la inclusión en acceso a crédito, así como garantizar condiciones que permitan salir de la pobreza a gran parte de población, al otorgarles acceso a crédito productivo no sólo acceso a crédito al consumo.

El Poder del Consumidor, a través de su director, Alejandro Calvillo, se refirió a la situación que viven los usuarios de los servicios financieros en contraposición a la que viven las empresas: “Cuando las empresas entran en crisis financiera y no pueden pagar sus deudas, la legislación les permite salir de ellas a través de concursos mercantiles o bien decretándose su bancarrota. Sin embargo, cuando los consumidores enfrentamos situaciones similares no encontramos en la ley ningún respaldo. Y el escenario actual es grave: la deuda de los hogares mexicanos ha llegado a 2 billones 168 mil millones de pesos, lo que representa el 14% del Producto Interno Bruto. Todas estas familias no cuentan con protección alguna, como sí la tienen las empresas. Pedimos que se establezca una Ley de Insolvencia Familiar en México como la que existe en Colombia y se discute actualmente en Argentina, Brasil y El Salvador, que permita la renegociación de las deudas sin poner en peligro la sobrevivencia de las familias. Contamos con un modelo de Ley de Insolvencia Familiar que presentaremos al ejecutivo y al legislativo. Los gobiernos tienen que proteger a los consumidores de los servicios financieros, al menos, como lo hacen con las empresas”.

Exhortamos a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México a la Presidencia del G-20 a abrir la discusión sobre la protección al consumidor y la banca móvil de manera transparente e incluyente, con los consumidores y sus asociaciones. Esta es una discusión que no se puede limitar a autoridades financieras, banca y telefónicas, como tradicionalmente se hace en México: la oferta manda, la demanda paga. No será así ya. En ello, queridos consumidores, radica nuestro poder, y en organizarnos y apoyar asociaciones independientes como las que integramos Consumers International para hacernos oír y respetar, somos actores clave, no observadores, del mercado y del Estado, actuemos como tales.

Adriana Labardini, Directora de Alconsumidor, A.C. manifestó que  junto con Consumers International se reunirán en Washington con el Secretario de Hacienda, Dr. José Antonio Meade, para asegurarse de que los consumidores sean escuchados en la elaboración de los lineamientos de la OCDE sobre Protección al Consumidor de Servicios Financieros, así como en temas de inclusión financiera, y la gobernanza de FinCoNet, todo ello en la agenda del G-20.

Nos sumamos a las recomendaciones de Consumers International al G20 en materia de siguiente sobre la protección del consumidor de servicios financieros:

1. Diseño y divulgación de la información de forma clara, suficiente, confiable, comparable y oportuna sobre los productos financieros.
2. Contratos, cobros y prácticas comprensibles, justos y asequibles con estándares mínimos de protección al cliente.
3. Los gobiernos deben establecer una entidad nacional, independiente de la industria, con poder regulatorio efectivo  que tenga la protección del consumidor como objetivo explícito y regulador con autoridad total para investigar, detener y subsanar las violaciones a la ley de protección del consumidor, lo que incluye, cuando sea necesario, el derecho a definir las prácticas específicas o los productos como injustos, engañosos o ilegales.
4. Sistemas de compensación y resolución de disputas
5. Promover la competencia efectiva en los servicios financieros y la portabilidad de cuentas no solo de nómina.
6. Medidas para promover la estabilidad y la seguridad de los depósitos e inversiones
de consumidores
7. El acceso universal a servicios financieros básicos gratuitos o asequibles debe ser un objetivo específico de la política gubernamental sobre servicios financieros.
8. Banca móvil segura, confiable que traslade ahorros al consumidor y favorezca e pymes y consumidores, no solo a mayor consumo.

Vídeo: Conferencia de Prensa: Día Mundial de los Derechos del Consumidor

Alconsumidor, A.C.
Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.
Consumidores por los derechos del consumidor y contra los monopolios
El Poder del Consumidor, A.C.
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
Red Nacional de Usuarios de Servicios Financieros (RED USFIN)

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos