124emisión del 12 al 19 de mayo, 2010

Click To Play

El acceso a la tecnología y su marco jurídico regulatorio en México.

Difusión Cencos México D.F., 18 de mayo de 2010
 
Boletín de prensa
Observatorio de Política Social y DH
 
Aunque desde 1988, en el art. 14 del “Protocolo de San Salvador”,
los Estados reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del
progreso científico y tecnológico, la discusión sobre el reconocimiento del
derecho a su acceso es un tema que está alcanzando gran magnitud y relevancia
debido, principalmente, al acelerado y constante avance de la ciencia y
tecnología y al impacto que tienen en el desarrollo de otros derechos.
 
Actualmente, la Ciencia y la Tecnología juegan un papel estratégico en el
desarrollo de los países, el acceso a ellas representa una veta de
oportunidades y retos para el desarrollo de toda sociedad. Así, en 1996 la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en el compromiso de impulsar la
cooperación solidaria y la superación de la pobreza, aprobó una resolución
sobre el “acceso a las tecnologías de la información” en la cual
enfatiza que se debe fomentar que las capas sociales más bajas de la sociedad
accedan a ellas en beneficio del desarrollo integral y sostenible de nuestros
países.” Por lo tanto, encomendó al Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral (CIDI) la adopción de medidas necesarias para movilizar
recursos en favor de proyectos de desarrollo, en especial el diseño, la
implementación y la capacitación para las nuevas redes que faciliten el
intercambio de información.1 [1]
 
En particular, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha hecho diversas recomendaciones instando a los
Estados Miembros a reconocer y apoyar el acceso universal a internet como medio
para promover los Derechos Humanos, estableciéndolo como un servicio de
interés público. Asimismo recomienda2 [2]:
 
-instituir mecanismos, en todos los ámbitos, que faciliten el acceso universal
a Internet, por ejemplo, tarifas asequibles y descuentos a establecimientos de
servicio público “como medidas de transición hacia un acceso universal
al ciberespacio”.3  [3]
-alentar la creación de redes interregionales e intrarregionales servidas por
ejes troncales regionales de alta capacidad, de manera que cada país esté
conectado dentro de una red mundial en un medio competitivo abierto. 
-promover tecnologías de fuente abierta, así como la formulación de
políticas y la creación de capacidades en los países en desarrollo. 
-alentar el establecimiento de acuerdos de colaboración que respeten tanto los
intereses públicos como los privados, a fin de garantizar el acceso universal a
la información de dominio público, sin discriminación alguna de tipo
geográfico, económico, social o cultural. 
-promover y facilitar la “alfabetización electrónica”, lo que
incluye actividades encaminadas a divulgar las tecnologías de la información y
la comunicación e infundir seguridad y confianza en su aplicación y
utilización. 
-constituir un cuerpo de conocimientos universalmente accesible, en particular
en beneficio de los países en desarrollo y las comunidades desfavorecidas.
-emprender la actualización de las legislaciones nacionales sobre derecho de
autor y su adaptación al ciberespacio.
-prestar suma atención a la implantación de innovaciones tecnológicas.
 
Dentro de estas distintas discusiones se enfatiza que el reconocimiento del
derecho a su acceso no debe limitarse a incluir sólo a las “tecnologías
móviles y las más avanzadas” sino que se debe entender por tecnologías
de la información y la comunicación a “todas las que permiten el manejo
de información y facilitan las diferentes formas de comunicación, desde los
periódicos, la radio y la televisión hasta las cámaras de vídeo, las
computadoras y los teléfonos celulares”4 [4]. Lo que da cuenta de que su
impacto e influencia en las personas y en la sociedad es muy amplia y compleja.
 
Mientras a nivel mundial se está dando una discusión amplia y profunda de
este tema ¿Qué es lo que está ocurriendo en México?
 
Algunas cifras revelan la importancia que tiene este tema para México. Por
ejemplo, en 2002 sólo el 13.7% de hogares contaban con computadora, porcentaje
que ascendió a 23.0 en 2008; para el caso de internet las cifras también son
bajas, pues de 5.3% de los hogares que contaban con este servicio en 2002 se
pasó a 13.8% (2008). Frente a este panorama, uno de los primeros pasos que se
tienen que dar para avanzar en coberturas progresivas de bienes y servicios de
información es el trabajo legislativo.
 
A pesar de que recientemente se reconoció constitucionalmente el derecho a la
cultura, el derecho al acceso a la tecnología aún no está contemplado en la
Constitución ni en el marco jurídico que regula actualmente la materia, el
cual está integrado por la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley Federal de Telecomunicaciones
y la Ley Federal de Radio y Televisión.
 
Esta omisión está comenzando a cobrar protagonismo en la Cámara de
Diputados.  En 2008, la Comisión de Ciencia y Tecnología, realizó el
seminario “Tecnologías de la Información y su regulación en
México” en donde se abordó el tema del “acceso a las tecnologías
de la información como derecho fundamental”; para el 10 de diciembre de
2009, esta misma Cámara creó la Comisión Especial de Acceso Digital.
 
Con esos antecedentes, es hasta finales de 2009 y principios del 2010 cuando se
han presentado en el poder legislativo iniciativas que pretenden avanzar en la
inclusión del derecho al acceso a las tecnologías en la legislación nacional.
Por ejemplo, el 10 de diciembre de 2009, el senador Tomás Torres Mercado (PRD)
propuso una reforma al artículo 6° constitucional para incluir que toda
persona tiene derecho a contar con conexión de acceso a Internet. 5 [5] Por su
parte, el 20 de abril de este año, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT)
presentó una iniciativa que pretende incorporar en la Constitución los
derechos universales a la información y a la libre expresión6 [6] y establece
que los medios de comunicación electrónica deben ser de servicio público, los
cuales procurarán el respeto y la promoción de los derechos humanos, entre
otras cosas.
 
Finalmente, para el 28 de abril, el diputado José Luis Velasco Lino (PRI) hace
una propuesta de inclusión en el artículo 3º de la Carta Magna del
“derecho al acceso al conocimiento y a los productos científicos y
tecnológicos en igualdad de condiciones y oportunidades”. Asimismo,
establece que el Estado apoyará, promoverá y financiará la investigación
científica y el desarrollo, adaptación e innovación tecnológica.7 [7]
 
La importancia de reconocer y garantizar el derecho al acceso a la tecnología
y a la información se ve reflejada claramente en las iniciativas mencionadas,
su discusión y aprobación son piezas claves para avanzar hacia una sociedad
más justa y equitativa; la inclusión del tema a la agenda pública y la
incorporación de las reformas necesarias a la Constitución y demás leyes,
representan un salto cualitativo para México en el tema y constituyen un nuevo
reto para el progreso de México y de su población.
 
1. Asamblea General, AG/RES. 1421 (XXVI-O/96), Acceso a las tecnologías de la
información, resolución aprobada en la octava sesión plenaria, celebrada el 7
de junio de 1996.
 2. UNESCO, Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y
el acceso universal al ciberespacio, 15 de octubre de 2003.
3. Se entiende por acceso universal al ciberespacio como el acceso equitativo,
a un precio asequible, por todos los ciudadanos, tanto a la infraestructura de
la información (en especial a Internet) como a la información y los
conocimientos esenciales para el desarrollo humano, colectivo e individual.
4. Naciones Unidas, Informe sobre la juventud mundial 2005.
5. Véase la iniciativa en
http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=1641&lg=61 [8]
6. “Toda persona tiene la libertad de acceder, buscar, recibir y difundir
informaciones de cualquier tipo y por cualquier medio de comunicación, sin
previa censura y con responsabilidad ulterior, de acuerdo a lo que disponga la
ley”. Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 7,
27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gaceta 20
de abril de 2010.
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 28 de abril de 2010.
 
Observatorio de Política Social y Derechos Humanos
Hilario Pérez de León No. 80, Col. Niños Héroes de Chapultepec, Benito
Juárez, México D.F., 03440
Tel. 55 90 87 54 / 55 79 74 13
www.observatoriopoliticasocial.org [9]

Permanece clima de violencia en San Juan Copala; solicitan intervención de la CNDH

Difusión Cencos México D.F., 17 de mayo de 2010
 
Boletín de prensa
Comisión Diocesana de Justicia y Paz/BARCA
 
* Gobiernos Federal y Estatal responsables de que en la Región Triqui no se
viva un estado de excepción.
* Exigimos justicia, garantizar sus derechos civiles y sus derechos como
pueblos indígenas.
 
Ante los más recientes hechos violentos sucedidos el día de ayer en la
región triqui, en los que se perpetró la desaparición de 12 indígenas; entre
ellos 6 mujeres, 5 niños y un bebe, nos alarma la grave situación que enfrenta
el Municipio autónomo de San Juan Copala pues en la práctica tienen cancelados
todos sus derechos indígenas y humanos sin que el Estado y La Federación
asuman su compromiso de asegurar que impere el Estado de Derecho.
 
Ayer a partir de las 7 de la noche se reportó la agresión y la desaparición
de 12 personas por el ataque que se hizo al grupo de 30 mujeres que se dirigía
a San Juan Copala después de ir al Municipio de Juxtlahuaca a recibir el
recurso del programa Oportunidades. En cuanto tuvimos los detalles de los hechos
se informó y pidió la intervención inmediata de las Autoridades Federales.
 
Es hasta el día de hoy a las 14 hrs., aproximadamente, que nos reportan que
las mujeres desaparecidas fueron llegando una a una al Municipio Autónomo de
San Juan Copala con su Autoridad Municipal narrando lo que vivieron.
 
En voz de una de ellas nos enteramos: “…pasando por la Sabana,
casi a la altura donde se encuentra un reten militar salió el Sr. Rufino y
Anastasio Juárez acompañados de otros hombres armados y nos atacaron,
maltrataron e insultaron diciéndonos “pinches viejas apestosas”,
jaloneándonos y burlándose de nosotras nos llevaron a una casa sola y ahí nos
encerraron toda la noche. Nos quitaron nuestros víveres, los tiraron, los
destrozaron y nos dejaron sin nada. Hasta el día de hoy ya que amaneció viendo
que ya no estaban nos salimos y corrimos para llegar a San Juan Copala, todas
nos dirigimos a nuestros hogares con mucho miedo, por ello hasta el medio día
acudimos a la Autoridad Municipal a platicar lo que nos pasó y le pedimos que
lo haga saber a las instancias correspondientes, pidiendo una solución a estos
atropellos y maltrato que vivimos. Todo lo que informamos lo conoce el
Comandante asignado a Juxtlahuca, quien iba acompañando al grupo y nos dejó en
Yosoyuxi porque según él el Sr. Rufino Juárez le pidió que ahí nos tenía
que dejar.”
 
La situación que viven y narran las mujeres triquis del Municipio de San Juan
Copala es muy grave; por ello no podemos seguir indiferentes, fríos, sordos,
pasivos. El Gobierno, Federal y Estatal, no puede seguir siendo omiso,
negligente y complaciente con quienes cometen delitos amparados en un supuesto
conflicto ancestral que enmascara y disfraza los objetivos perversos que han
conseguido quienes mantienen a la región y sus habitantes como rehenes de sus
ambiciones caciquiles, económicas y políticas; porque si tuvieran
sensibilidad, voluntad política y conocimiento de los tratados internacionales,
cumplirían su deber y compromiso de garantizar las condiciones mínimas para
que los Triquis puedan desarrollar su existencia en condiciones dignas, sin que
nadie se aproveche de su empobrecimiento y abandono. Los conflictos deben
resolverse, no administrase; mucho menos lucrar con ellos políticamente.
 
Por eso exigimos:
 
-Se garantice de manera urgente e inmediata un alto total a la agresión,
violencia e impunidad permanente y continuada en contra de los habitantes del
municipio autónomo de San Juan Copala
 
-Garantizar la seguridad y el libre tránsito para que los habitantes de toda
la región puedan desarrollar su vida en paz y gozar de los servicios básicos
en su territorio.
 
-Presencia inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para iniciar
la documentación de las graves violaciones a los derechos humanos que padecen
los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala.
 
-Iniciar un proceso de paz con justicia y dignidad para la región triqui con
la presencia de observadores de derechos humanos nacionales e internacionales.
 
-Intervención expedita de una institución civil federal que garantice el
proceso de paz en la zona triqui.
 
-Visita del relator especial de pueblos indígenas de la ONU a la región
triqui para garantizar el cumplimiento de tratados internacionales en la materia
firmados y ratificados por México.
 
“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala,
es el silencio de la gente buena”
Mahatma Gandhi.
 
Comisión Diocesana de Justicia y Paz
Centro Regional de Derechos Humanos 
“Bartolomé Carrasco Briseño” A. C.
 
16 de mayo de 2010

Permanece clima de violencia en San Juan Copala; solicitan intervención de la CNDH.

Difusión Cencos México D.F., 17 de mayo de 2010
 
Boletín de prensa
Comisión Diocesana de Justicia y Paz/BARCA
 
* Gobiernos Federal y Estatal responsables de que en la Región Triqui no se
viva un estado de excepción.
* Exigimos justicia, garantizar sus derechos civiles y sus derechos como
pueblos indígenas.
 
Ante los más recientes hechos violentos sucedidos el día de ayer en la
región triqui, en los que se perpetró la desaparición de 12 indígenas; entre
ellos 6 mujeres, 5 niños y un bebe, nos alarma la grave situación que enfrenta
el Municipio autónomo de San Juan Copala pues en la práctica tienen cancelados
todos sus derechos indígenas y humanos sin que el Estado y La Federación
asuman su compromiso de asegurar que impere el Estado de Derecho.
 
Ayer a partir de las 7 de la noche se reportó la agresión y la desaparición
de 12 personas por el ataque que se hizo al grupo de 30 mujeres que se dirigía
a San Juan Copala después de ir al Municipio de Juxtlahuaca a recibir el
recurso del programa Oportunidades. En cuanto tuvimos los detalles de los hechos
se informó y pidió la intervención inmediata de las Autoridades Federales.
 
Es hasta el día de hoy a las 14 hrs., aproximadamente, que nos reportan que
las mujeres desaparecidas fueron llegando una a una al Municipio Autónomo de
San Juan Copala con su Autoridad Municipal narrando lo que vivieron.
 
En voz de una de ellas nos enteramos: “…pasando por la Sabana,
casi a la altura donde se encuentra un reten militar salió el Sr. Rufino y
Anastasio Juárez acompañados de otros hombres armados y nos atacaron,
maltrataron e insultaron diciéndonos “pinches viejas apestosas”,
jaloneándonos y burlándose de nosotras nos llevaron a una casa sola y ahí nos
encerraron toda la noche. Nos quitaron nuestros víveres, los tiraron, los
destrozaron y nos dejaron sin nada. Hasta el día de hoy ya que amaneció viendo
que ya no estaban nos salimos y corrimos para llegar a San Juan Copala, todas
nos dirigimos a nuestros hogares con mucho miedo, por ello hasta el medio día
acudimos a la Autoridad Municipal a platicar lo que nos pasó y le pedimos que
lo haga saber a las instancias correspondientes, pidiendo una solución a estos
atropellos y maltrato que vivimos. Todo lo que informamos lo conoce el
Comandante asignado a Juxtlahuca, quien iba acompañando al grupo y nos dejó en
Yosoyuxi porque según él el Sr. Rufino Juárez le pidió que ahí nos tenía
que dejar.”
 
La situación que viven y narran las mujeres triquis del Municipio de San Juan
Copala es muy grave; por ello no podemos seguir indiferentes, fríos, sordos,
pasivos. El Gobierno, Federal y Estatal, no puede seguir siendo omiso,
negligente y complaciente con quienes cometen delitos amparados en un supuesto
conflicto ancestral que enmascara y disfraza los objetivos perversos que han
conseguido quienes mantienen a la región y sus habitantes como rehenes de sus
ambiciones caciquiles, económicas y políticas; porque si tuvieran
sensibilidad, voluntad política y conocimiento de los tratados internacionales,
cumplirían su deber y compromiso de garantizar las condiciones mínimas para
que los Triquis puedan desarrollar su existencia en condiciones dignas, sin que
nadie se aproveche de su empobrecimiento y abandono. Los conflictos deben
resolverse, no administrase; mucho menos lucrar con ellos políticamente.
 
Por eso exigimos:
 
-Se garantice de manera urgente e inmediata un alto total a la agresión,
violencia e impunidad permanente y continuada en contra de los habitantes del
municipio autónomo de San Juan Copala
 
-Garantizar la seguridad y el libre tránsito para que los habitantes de toda
la región puedan desarrollar su vida en paz y gozar de los servicios básicos
en su territorio.
 
-Presencia inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para iniciar
la documentación de las graves violaciones a los derechos humanos que padecen
los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala.
 
-Iniciar un proceso de paz con justicia y dignidad para la región triqui con
la presencia de observadores de derechos humanos nacionales e internacionales.
 
-Intervención expedita de una institución civil federal que garantice el
proceso de paz en la zona triqui.
 
-Visita del relator especial de pueblos indígenas de la ONU a la región
triqui para garantizar el cumplimiento de tratados internacionales en la materia
firmados y ratificados por México.
 
“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala,
es el silencio de la gente buena”
Mahatma Gandhi.
 
Comisión Diocesana de Justicia y Paz
Centro Regional de Derechos Humanos 
“Bartolomé Carrasco Briseño” A. C.
 
16 de mayo de 2010